Cae en Montera una banda de proxenetas rumanos

La Policía Nacional asestó ayer un golpe a las mafias de la prostitución. Desarticuló un grupo de proxenetas que explotaban sexualmente a mujeres en la calle Montera y detuvo al líder de la organización y a dos mujeres que eran las encargadas de controlar a las chicas. En la operación pudo liberarse a una de las víctimas, que procedía de Rumanía y que, según informaron desde Jefatura Superior de Policía, había sido captada a través de una falsa oferta de empleo como asistenta de hogar a la cual, cuando llegó a España, la obligaron a ejercer la prostitución, según le comunicaron, para devolver la deuda generada por los gastos de viaje, alojamiento y manutención. La víctima, que en Rumanía no tenía trabajo y cuenta con un hijo a su cargo, ejercía en la calle Montera bajo un estricto control por parte de dos mujeres de la organización que han sido detenidas y cuya función consistía en no dejarla sola en ningún momento del día y registrarla continuamente para evitar que pudiera guardar dinero de los clientes.

En mayo de 2015, la Policía Nacional puso en marcha la mayor campaña de concienciación en redes sociales y medios de comunicación contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Bajo el lema «Con la trata, no hay trato. Denúncialo», la Dirección General de la Policía ha lanzado la segunda fase del Plan contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, con el que se promueve la inclusión de vídeos y carteles los medios de comunicación que favorezcan la concienciación e implicación social de los ciudadanos, y especialmente de los clientes de estos servicios.

Desde el pasado 1 de julio, día en el que entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, la Policía ha incrementado la presencia en las zonas más conflictivas en las que se ejerce la prostitución, cerca de colegios, parques infantiles o centros culturales. La nueva norma permite multar a los clientes que soliciten servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores o en zonas en las que se que pueda generar un riesgo para la seguridad vial. Colonia Marconi, Montera y Casa de Campo son los lugares donde se ha aumentado la vigilancia policial. Las sanciones van desde 600 hasta 30.000 euros, al estar considerada como falta grave.