Comunidad de Madrid

El «Código Cifuentes», más duro que Génova

Ya no hará falta esperar al juicio oral para exigir la dimisión de cargos internos del PP de Madrid implicados en casos de «corrupción o delitos que causen especial alarma». La presidenta les obligará a renunciar desde que sean «investigados»

Cifuentes, en su visita al que será el nuevo centro logístico de Amazon en Madrid
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Ya no hará falta esperar al juicio oral para exigir la dimisión de cargos internos del PP de Madrid implicados en casos de «corrupción o delitos que causen especial alarma». La presidenta les obligará a renunciar desde que sean «investigados»

Este nuevo código ético, que entra en vigor desde hoy mismo –una vez que ayer se colgó ya ayer en la página web del partido–, afecta a los miembros de la dirección regional, en estos momentos representada por la gestora que preside la propia Cifuentes y cuyo secretario general es Juan Carlos Vera, tras la renuncia de Esperanza Aguirre a mediados del pasado mes de febrero.

Además, obliga también a los principales cargos internos a nivel regional y local, como son los presidentes y secretarios generales –números uno y dos, respectivamente– de los 179 municipios y 21 distritos de la capital.

Todo ello porque, como reconoce el propio documento al inicio del mismo, «los partidos no pueden permanecer ajenos a las medidas de regeneración que demandan los ciudadanos» y que, según este código, sí se están adoptando en otras instituciones como la Comunidad de Madrid, que preside la propia Cifuentes.

Y destaca «como novedad» el hecho de que este nuevo código ético del PP de Madrid obligue a la «renuncia voluntaria e inmediata» de aquellas personas afectadas por el mismo, para lo cual previamente tendrán que suscribir una «declaración de compromiso» asumiendo íntegramente dicho código.

El propio documento explica que este texto por el que a partir de ahora se regirán los populares madrileños «profundiza y amplía las obligaciones» que ya se contemplan en el Código de Buenas Prácticas del Partido Popular a nivel nacional, cuyo criterio para exigir la dimisión o renuncia es la apertura del juicio oral.

Además, la nueva norma del PP de Cifuentes también obliga a presentar una declaración de bienes, rentas y actividades a todas las personas que sean nombradas para uno de los cargos antes mencionados, lo cual deberán hacer en el plazo de un mes.