El PP denuncia a Carmena por prevaricación en la purga guerracivilista

Pide la inhabilitación de la alcaldesa para cargo público de 9 a 15 años por decidir de forma arbitraria en un asunto administrativo como es el de los monumentos de la Guerra Civil.

La gresca municipal por la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica sube de categoría y se convierte en pugna judicial. El Grupo del PP en el Ayuntamiento denunciará hoy a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y a la concejala de Cultura y Deportes, Celia Mayer, por prevaricación en la retirada de monumentos históricos justificada en la aplicación de dicha ley. Además, la Comunidad de Madrid estudia llevar al fiscal la eliminación de estos vestigios si los servicios jurídicos regionales consideran que se han realizado sin la debida autorización de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.

Sostiene el Grupo del PP municipal, cuyo portavoz, Íñigo Henríquez de Luna, firma la demanda, que la alcaldesa y la edil han retirado la estatua del Alférez provisional y la de José García Vara, asesinado un año antes del inicio de la Guerra Civil, mediante resoluciones administrativas «groseramente ilegales y merecedoras de reproche penal», por lo que piden la inhabilitación de la alcaldesa «para empleo o cargo público» durante un tiempo de entre «9 y 15 años», tal y como indica el artículo 404 del Código Penal respecto de «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».

Además, los populares reclaman al equipo de Gobierno municipal «el desprecio consciente de la normativa en materia de Patrimonio Histórico», ya que, en el caso de la placa de José García Vara, situada en un edificio de la calle Arrieta perteneciente al conjunto histórico de la Villa de Madrid declarado Bien de Interés Cultural (BIC), cualquier actuación sobre ella requeriría de la previa autorización de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Ciudad de Madrid, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

Esto también afectaría al monumento del Alférez Provisional, que estaba situado en las zonas ajardinadas entre las calles Felipe IV y Méndez Núñez, en pleno Eje Prado Recoletos, que cuenta con declaración individualizada como BIC, siendo necesaria la intervención de la Comunidad de Madrid para permitir su retirada. De hecho, el PP compara este homenaje con el monumento a las Brigadas Internacionales que existe en la Universidad Complutense de Madrid, también zona BIC y que está denunciado ante la Justicia por no contar con la aprobación de Patrimonio Cultural.

Al respecto, la presidenta Cristina Cifuentes explicó ayer tras el Consejo de Gobierno que Patrimonio Cultural ha abierto diligencias para averiguar si procede expedientar al Ayuntamiento por la retirada de los vestigios en aplicación de Memoria Histórica o está «fuera de la ley». Así, en el caso de que se observen indicios de delito, se remitirán a la Fiscalía para que los estudie.

Cifuentes consideró que «hay que tener cuidado» con este tipo de iniciativas y no buscar «vencedores ni vencidos, sino tratar de cerrar heridas». Por su parte, el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, señaló que la actuación del Ayuntamiento puede encontrarse fuera de la Ley porque el consistorio debería haber comunicado su decisión de forma previa a la dirección general de Patrimonio autonómica, «especialmente cuando el elemento se encuentra en el entorno de un edificio catalogado y con protección».