El responsable de Calle 30 se sube al carro del secesionismo

La cercanía e identificación de una parte del Gobierno de Manuela Carmena con las tesis independentistas que sostienen el referéndum ilegal del 1 de octubre se hicieron más patentes que nunca este fin de semana. Tres concejales de Ahora Madrid, Montserrat Galcerán, Rommy Arce y Pablo Carmona, arroparon a las entidades secesionistas en el acto que tuvo lugar el domingo en el Teatro del Barrio de Lavapiés. También lo hizo el delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, al suscribir el manifiesto presentado en este acto.

Son los concejales ecuadrados en Ganemos y en Izquierda Unida los que más abiertamente apoyan el discurso del Gobierno catalán en defensa de la consulta tumbada por el Tribunal Constitucional. En este escenario, el último cargo público en mostrar su apoyo total al derecho de autodeterminación de Cataluña ha sido el consejero apoderado de Madrid Calle 30, Samuel Romero Aporta. A través de las redes sociales, el responsable de la empresa municipal mixta encargada de las obras y el mantenimiento en la principal vía de circunvalación de la capital califica de «incuestionable» el derecho a decidir y precisa que éste es un «pilar fundamental de cualquier democracia».

En enero de 2016, el nombramiento de Romero Aporta como consejero apoderado de Calle 30 se vio envuelto en la polémica. Los grupos de la oposición criticaron entonces la falta de experiencia de Romero en un cargo de responsabilidad como el que ahora ocupa apenas tres años después de finalizar su estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Además, la oposición política en el Pleno de Cibeles, fundamentalmente desde PP y Ciudadanos, que el nombramiento de Romero tenía más que ver con el hecho de que su madre, Rosa Aporta, sea una histórica militante de Izquierda Unida que con sus méritos profesionales. En el momento del nombramiento de Romero al frente de Calle 30, Rosa Aporta ocupaba un cargo como vocal vecina de Vicálvaro, distrito presidido por Carlos Sánchez Mato, que, a su vez, fue el responsable de su designación en la empresa pública. Como su hijo, Rosa Aporta también apoya el referéndum ilegal como dejó de manifiesto al firmar el manifiesto de Madrileños por el Derecho a Decidir.

Romero, como consejero, percibe un sueldo anual de 92.000 euros. Desde Cibeles precisaron que, en aplicación del código ético, sólo percibe 30.000.