Entre el desgobierno y la bancarrota

De cada servicio municipal que adjudicaban desde sus ayuntamientos a las empresas de la trama corrupta, la red de políticos se llevaba al bolsillo una comisión que oscilaba entre un dos y un tres por ciento del importe total del contrato. Así funcionaba la red de comisiones ilegales que, según Anticorrupción, integraban, además del ex secretario general del PP, Francisco Granados, seis alcaldes de la Comunidad, así como ocho de sus cargos de confianza. Seis regidores que se habrían estado lucrando en detrimento de las famélicas arcas públicas de sus municipios que se mantienen en estado de «shock» desde el lunes a la espera de dimisiones.

Parla

El caso de Parla es objetivamente el más sangrante. Su deuda viva a diciembre de 2013 es, según el Ministerio de Economía y Hacienda, casi de 370 millones de euros. Es además, según datos de este mismo organismo, el segundo municipio de España que más ha incrementado sus números rojos en los años de la crisis (desde 2008 hasta la actualidad). Desde que Fraile se hizo con los mandos de la Alcaldía, en 2008, ha multiplicado la deuda por 10. El Tribunal de Cuentas investiga el coste desorbitado del tranvía que mandó construir Gómez y que Fraile ha dejado en manos de un fondo de inversión de Luxemburgo, que se ha hecho cargo de la deuda de 72 millones. Sin liquidez para afrontar los pagos, intenta digerir desde hace 48 horas que su alcalde sea uno de los detenidos por lucrarse a costa del presupuesto municipal. Junto a Fraile hay además tres detenidos: su jefe de Gabinete, Antonio Borrego –curiosamente conocido en la localidad como «Toni maletines»–, la ingeniera municipal y un asesor de IU adscrito al Área de Urbanismo. El alcalde adjudicó por 55 millones de euros un servicio de ahorro en el consumo energético y emisiones de dióxido de carbono con la empresa Cofely, una de las protagonistas de la trama. El Gobierno municipal está ahora en manos de Fernando Jiménez, primer teniente de alcalde y edil de Hacienda, ya que la mano derecha del regidor detenido, María José López, está de baja por maternidad.

Villalba

La detención que más ha sorprendido en el PP (cinco de los seis alcaldes llevan sus siglas) es la de Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba. Adjudicó la gestión energética del Ayuntamiento para los próximos 15 años por un importe de 42 millones de euros a Cofely, la empresa que centraliza la trama. Pocos entienden que en tan poco tiempo, Juárez gobierna desde 2011, se haya «manchado las manos». Sobre todo en un municipio como Villalba en el que el sobrecoste de unas obras municipales llevadas a cado por su antecesor, José Pablo González, acabaron pasándole factura. Villalba, de la que se ha hecho cargo el número dos de Juárez, tras su detención el lunes, es otro ejemplo de municipio en crisis. «¿Cómo ha podido cobrar comisiones a empresarios en un ayuntamiento en el que ha sido necesario hacer un ERE municipal para cuadrar las cuentas?», se preguntaban ayer desde la Comunidad de Madrid. El PSOE dejó una deuda de 120 millones que obligaron a Juárez a despedir empleados y rebajar sueldos. Pese a esto, las arcas han sufrido embargos. El futuro del municipio no puede ser más incierto, Juárez estaba llamado a repetir, con lo que el PP no tiene preparada su sucesión; y en el PSOE las cosas están casi peor. Antes del verano el grupo municipal sufrió dos bajas por discrepancias con el resto de concejales y por el reparto de sueldos.

Valdemoro

El eje central sobre el que pivota la trama de la «operación Púnica» es el Ayuntamiento de Valdemoro. La «patria chica» de Francisco Granados y el empresario David Marjaliza tiene una deuda viva de casi 100 millones de euros y trató de acogerse en 2012 al Plan de Ajuste para pagar a sus proveedores, pero debido a que no había presentado las cuentas de los últimos ejercicios tuvo que acogerse a otro mecanismo para abonar sus facturas. Así, en mayo de aquel año firmó un acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), de modo que sería éste el encargado de pagar las facturas directamente a los proveedores, a cuenta de la participación de cada entidad local en los tributos del Estado. En total, se pagaron 69,7 millones de euros correspondientes a 4.168 facturas vencidas, líquidas e impagadas, registradas antes del 1 de enero de 2012 y correspondientes a 266 grandes empresas y autónomos que realizaron obras o prestado servicios y suministros para el Consistorio. Este préstamo forzó al consistorio a reducir en un 2,15% su presupuesto de 2013 y a poner en marcha un plan económico financiero para el trienio 2012-2014. Sin embargo, este ajuste no duraría mucho, ya que un año después el presupuesto volvía a crecer un 10,13%. Con todo, a comienzos de este año aprobó en un pleno extraordinario y de golpe, los ejercicios contables del año 2010, 2011 y 2012. A José Carlos Boza le ha sustituido como alcalde accidental Manuel Selguero, el tercer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Urbanismo y Transporte, después de que el primer teniente de alcalde, José Javier Hernández, también fuese detenido y el segundo teniente de alcalde, Germán Alarcón, renunciase al puesto al ser el cuñado de Francisco Granados.

Torrejón de Velasco

En el último informe del Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Torrejón de Velasco compartía el «podio» de los cuatro ayuntamientos de la región que no sólo no habían presentado sus cuentas del último ejercicio presupuestario sino que, además, llevaban desde 2010 sin hacerlo, acumulando tres años de desobediencia fiscal. Además, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el municipio contaba a 31 de diciembre de 2013 con una deuda viva de 8.103.000 euros. Se da la circunstancia de que el anterior alcalde y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Parla, Miguel Angel López, que durante doce años fue alcalde de Torrejón de Velasco, venció en un pleito al empresario David Marjaliza, detenido en la «operación Púnica», que le denunció porque el ayuntamiento no le devolvió una fianza por unos pisos que presentaban defectos en su construcción. Al cierre de esta edición el equipo de Gobierno de la localidad todavía no había informado de quién sustituirá a Gonzalo Cubas al frente de la Corporación municipal.

Serranillos del Valle

Junto con Torrejón de Velasco, Villaconejos y Valdelaguna, este municipio todavía no ha presentado ante el Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid los ejercicios presupuestarios de 2010, 2011 y 2012. Es más, según explicaron fuentes del anterior equipo de Gobierno del PP, el alcalde Antonio Sánchez de Unión Democrática Madrileña, todavía no ha elaborado unos presupuestos propios y sigue prorrogando año tras año los de 2011. Asimismo, pese a que las cuentas de 201 ya estaban preparadas antes de las elecciones de 2011, no ha sido hasta este verano cuando han sido aprobadas –con los dos ejercicios posteriores– y se encuentra actualmente en información pública. Cuenta con una deuda viva de algo más de 5 millones de euros y se acogieron en 2012 al Plan de Ajuste para cubrir al menos 7 millones de euros en facturas pendientes a proveedores. Tras la renuncia de la primera teniente de alcalde del PSOE, Silvia Monterrubio, los concejales del equipo de Gobierno han propuesto a la segunda teniente de alcalde, Belén Cruz, que todavía no ha aceptado sustituir a Sánchez.

Casarrubuelos

Pese a que David Rodríguez arrebató la Alcaldía a Álvaro Sánchez Vara, de Izquierda Unida, mediante una moción de censura justificada en la deuda de 8,8 millones de euros que acumulaba la localidad a principios de 2012, dos años después la deuda viva del municipio apenas se ha recortado y se sitúa en 7.203.000 euros. De hecho, la Navidad previa a la moción de censura, la localidad protagonizó una noticia al lograr, a través de una iniciativa en las redes sociales, que la Asociación Nacional de Iluminadores Artísticos les financiase gratis la iluminación festiva que había sido cancelada por falta de presupuesto. Al igual que en Torrejón de Velasco, al cierre de esta edición el equipo de Gobierno del municipio todavía no había informado de quién sustituirá a Rodríguez al frente de la Corporación Municipal.

El concejal adjunto de Medio Ambiente de Móstoles se «suma» a la trama

Fue uno de los ayuntamientos que la Guardia Civil registró el lunes en búsqueda de documentación sospechosa. Sin embargo, su alcalde, Daniel Ortiz, no ha sido detenido; sí lo fue, ayer, el concejal adjunto de Medio Ambiente, Alejandro de Utrilla, tras lo que fue cesado. Del consistorio se llevaron el lunes documentos de la etapa de su antecesor (1999 y 2003), el socialista José María Arteta, aunque finalmente el foco de la investigación se ha centrado en el contrato con Cofely, una de las empresas sobre las que pivota la trama. La rúbrica se produjo en 2014 para la adjudicación de servicios energéticos de edificios educativos por un importe de 70 millones. El alcalde explicóel cese de Utrilla «atendiendo al principio de transparencia que rige la actividad pública del Ayuntamiento, hasta que la situación judicial se aclare».