Fuenlabrada desahucia a un vecino con un 80% de discapacidad

Tras negarse a realizar las reparaciones necesarias, hace tres meses el Ayuntamiento cortó el agua y la luz de la vivienda municipal en la que Juan reside desde 1970.

Juan llevaba más de cuatro décadas residiendo en la conocida como Casilla del Guarda de Fuenlabrada hasta hace pocos meses. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de la ciudad le comunicó por carta que debía abandonar su domicilio porque había iniciado los trámites de su desahucio. Esta vivienda fue construida en 1970 en el denominado Barranco de la Fuente. Se trata de una casa de propiedad municipal que fue cedida a Florencio Echevarría a cambio de que él se encargase de vigilar y realizar el mantenimiento del Pinar, un enclave que actualmente está situado en el centro de la localidad pero que en aquellos años aún era una zona sin grandes bloques de viviendas en su entorno.

Juan Echevarría, con 52 años de edad, es el hijo del guarda al que el consistorio de Fuenlabrada le cedió la casa. Cuando en 1979 su padre falleció, tanto Juan como sus dos hermanos y su madre continuaron utilizando la Casilla del Guardia como su domicilio. Lejos de poner reparos a que la familia Echevarría continuara utilizando esta vivienda, el consistorio ha sufragado a lo largo de estas décadas las obras de acondicionamiento que ha ido necesitando. Por este motivo, los familiares de Juan se preguntan por qué ahora el Ayuntamiento desea recuperar el uso del terreno en el que la Casilla está levantada. «Nunca había reclamado nada, pero después de que la madre de Juan falleciese hace un año, el Ayuntamiento ha acelerado las gestiones para recuperarla», aseguran personas cercanas a la familia.

El argumento empleado por la Administración local para iniciar los trámites del de- sahucio giran en torno a la comprobación efectuada por la Policía Municipal, y según recoge un escrito elaborado por los servicios jurídicos municipales, de que «nadie utiliza la vivienda como residencia habitual. Por ello, el consistorio reclama a la familia la entrega de las llaves a la mayor brevedad. Sin embargo, el relato que esbozan los familiares de Juan es muy distinto. El inquilino de esta casa no tuvo más remedio que trasladarse en septiembre del pasado año a Toledo al domicilio de su único hermano vivo. Lo hizo obligado por la decisión del Ayuntamiento de cortar el agua y la luz. A la imposibilidad de vivir en una vivienda sin agua ni luz se une el hecho de que Juan sufre una discapacidad del 80%, además de episodios de epilepsia y una leve demencia.

Obras de 40.000 euros

La familia también subraya que el Ayuntamiento tomó la decisión de iniciar los trámites del desahucio tras comprobar el montante de las obras que la casa necesita para su acondicionamiento. «Hay graves problemas de humedad. Vino un perito del Ayuntamiento y vio que que las reformas que la casa necesita costarían alrtededor de 35.000 y 40.000 euros. Y nos contestaron que eso era mucho gasto», asegura la cuñada de Juan.

Además de estar fuera de la que ha sido su residencia durante estas cuatro últimas décadas, el estado de salud de Juan hace que vivir en Toledo sea, cuando menos, peligroso. «Tenemos que acudir con bastante frecuencia al médico en Fuenlabrada. Allí, por ejemplo, tenemos al neurólogo. Vivimos en Toledo y, desde que cortó el Ayuntaiento la luz y el agua, tenemos que vivir en casa de mi hermano. Y somos cuatro personas en un piso muy pequeño».

A través de varios escritos, la familia de Juan también ha solicitado reunirse con el alcalde, el socialista Manuel Robles, hasta ahora sin éxito. «No nos han dado opción ni siquiera de conversar. Si no quieren negociar que Juan siga en la Casilla estamos abiertos a pagar una renta o a que le feciliten un piso de alquiler». Sin embargo, según el relato de la familia, desde el Ayuntamiento no ha habido otra respuesta que no sea la de seguir adelante con los trámites del desahucio. El propio Juan en diciembre, a través de un escrito, solicitó el aplazamiento del desalojo, además de que el consistorio valorase la posibilidad de autorizarle «permanecer en esta vivienda en el caso de que el Ayuntamiento ejecute las obras necesarias para acondicionar la misma o en caso contrario, que se me facilite otra vivienda en este municipio, puesto que es imprescindible que resida en él debido a los tratamientos médicos y sus correspondientes revisiones periódicas a las que estoy sometido por mi enfermedad».

A pesar de que la familia de Juan asegura que el alcalde se ha negado hasta el momento a tener cualquier tipo de conversación con ellos, el propio Manuel Robles aseguró a principios de mes su disposición a actualizar el convenio que se suscribió con la familia que la habitaba. «Pero es necesario, ante todo», aseguró Robles, que la casa sea la residencia habitual. «Si esta persona tiene una discapacidad y es su domicilio habitual, no se va a proceder a nada», aseguró el alcalde tras recalcar que lo único que pretende el consistorio «es legalizar una situación y evitar problemas mayores si la casa se queda abandonada».