La asociación que pide delito para Aguirre se constituyó para «desahucios y lanzamientos»

No tienen página web, ni cuenta en Twitter ni perfil en Facebook. Sólo aparece su petición de personación en la causa que se inició contra José Blanco por el «caso Campeón». Su representante legal es David Macías González, de quien prácticamente no se conoce nada, quien figura como «cabeza» de la Asociación Transparencia y Justicia, que adquirió tal denominación el 11 de mayo de 2011, tras cambiar la inicialmente constituida, en el 2005, que no era otra que Asociación para la Protección de los Inversores. Esta Asociación Transparencia y Justicia es la que se ha personado como acción popular en el incidente de tráfico protagonizado por Esperanza Aguirre el pasado día 3 de abril en la Gran Vía y la que pretende que sea juzgada por delito de desobediencia grave y no por una falta, como sostiene el juez instructor, Carlos Valle. Entre las «facultades generales» figuran algunas tan «curiosas» como las de «pedir desahucios, lanzamientos, tomar posesión de los bienes muebles o inmuebles que deban hacerlo como consecuencia de los juicios en que intervengan». Pero, ¿quiénes son y cuáles son sus fines? Se desconoce quiénes forman parte de la asociación, excepto su representante legal, el citado David Macías, el abogado Luis Gerez Fernández y dos procuradores, a los que se les otorga el poder general para intervenir en pleitos. En cuanto a los fines, no deja de ser soprendente, cuanto menos, que sus objetivos tengan mucha relación con estos hechos o con la finalidad de perseguir hechos que puedan tener relevancia penal.

Lo primero que llama la atención es la fecha de la escritura de sustitución de poder para pleitos que otorga ante notario la citada asociación: 8 de abril de 2014, es decir, cinco días después del incidente de tráfico de Esperanza Aguirre. En ese acto es cuando se designa a Luis Gerez como abogado. Sin embargo, lo llamativo son las «facultades generales». Comencemos por la primera: «Comparecer ante cualesquiera juzgados, audiencias y demás tribunales (...) autoridad eclesiástica, Administración de Hacienda (...) en toda clase de expedientes, juicios y procedimientos, civiles, criminales, administrativos (...) y de cualquier otra clase».

Sin embargo, y tras esta «facultad general» de intervenir en cualquier proceso judicial y ante cualquier instancia, incluso eclesiástica, comienzan las peculiaridades de los fines de la Asociación Transparencia y Justicia, que están «intrínsicamente vinculados» a perseguir la justicia.

Por ejemplo, en cuarto lugar aparece como facultades las de «instar autorizaciones judiciales, declaraciones de herederos, expedientes de dominio, acumulaciones, liquidaciones y tasaciones de costas (...) ser parte en juicios de testamentaría o abintestado hasta su resolución, «pudiendo presentar o dar conformidad a proyectos de participación».

No paran ahí las peculiaridades de los fines de la mencionada asociación. Así, tras recorgese también la facultad de «intervenir y seguir toda clase de recursos» y de «practicar cuanto permitan las respectivas leyes de procedimiento, sin limitación», aparecen otras con una «indudable relación» en la búsqueda de la justicia. A saber: «Instar, prestar, alzar o cancelar embargos, secuestros, depósitos, ejecuciones y desahucios y anotaciones preventivas (...) intervenir en subastas judiciales y extrajudiciales (...)».

Pero las «facultades especiales» tampoco se quedan atrás. Tras una genérica de poder interponer recursos de casación y revisión, desistir de los mismos y «promover la recusación de señores jueces y magistrados», vuelve a los temas económicos como prioridad de la asociación. Así, se hace constar en la escritura la facultad de la Asociación Transparencia y Justicia para «celebrar actos de conciliación, con avenencia o sin ella, en cuanto impliquen actos dispositivos, someter a arbitraje las cuestiones controvertidas u otras surgidas después».