La Fiscalía denuncia a Fraile por mantener los «sobresueldos» ilegales de Gómez

El Ayuntamiento de Parla, del que es alcalde el socialista José María Fraile, calificó de «maliciosa» la información adelantada en exclusiva por LA RAZÓN el pasado jueves respecto a que el Tribunal de Cuentas tenía muy avanzada ya una investigación por el pago de 200.000 euros como «sobresueldos» a los funcionarios de Parla en 2008, cuando Tomás Gómez, actual secretario general del PSM, era regidor de la localidad parleña. El consistorio, a través de un comunicado oficial, afirmaba incluso, que se cumplió en todo momento «estrictamente la Ley», ya que todas las cantidades percibidas por los empleados estaban reconocidas en el convenio colectivo.

Pues resulta que la Fiscalía no piensa lo mismo. Ni mucho menos. Más bien, tiene indicios de que el actual alcalde ha podido incurrir en dos delitos de importancia: prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, delitos que están castigados con hasta diez años de inhabilitación para cargo público e incluso con penas de prisión, en función del tipo de malversación que se pueda aplicar, en su caso.

Aquellos que participaron

Por ello, la Fiscalía de Getafe-Leganés presentó el pasado 20 de noviembre una denuncia en los juzgados de Parla, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, contra Fraile «y aquellos otros» que hayan podido tener participación en los hechos investigados. Así, relata los hechos sobre cómo el 5 de septiembre de 2008, el Ayuntamiento, que entonces gobernaba Tomás Gómez, y los trabajadores firmaban un convenio colectivo y un acuerdo regulador de las condiciones de trabajo, ambos con una vigencia de 2008 a 2011. Apenas un mes después, la Delegación del Gobierno de Madrid pidió al Ayuntamiento que anulase el articulo que establecía los incrementos de las retribuciones económicas, fijándose un fondo de 85.000 euros anuales «a distribuir proporcionalmente entre todo el personal, en atención a distintos requisitos», así como el precepto por el que se constituía un fondo social para la promoción socio-familiar del personal municipal «a distribuir proporcionalmente entre todo el personal activo». El motivo para requerir esa anulación no era otro que entender que excedían las competencias municipales y eran contrarios a la normativa estatal.

La anulación ficticia

Ante este requerimiento, en enero de 2009, la Junta de Gobierno anuló por unanimidad ambos «sobresueldos» y acordó dejar sin efecto sus contenidos. Por este motivo, la Delegación del Gobierno cerró el expediente administrativo que tenía abierto al respecto. Sin embargo, y aquí es donde el Ministerio Público apunta directamente al alcalde actual, pese a que anuló esos «sobresueldos», siguió abonándolos: «Pese al acuerdo de anulación de los artículos referidos, consta que el Ayuntamiento de Parla, mediante decretos del Alcalde-Presidente, José María Fraile ha venido aprobando, desde el año 2009, diversos pagos a los funcionarios y personal laboral del referido Ayuntamiento, sustentados en los referidos artículos del acuerdo-convenio impugnado y anulado en la citada sesión de 16 de enero, a la que asistió el propio alcalde». Este hecho, señala la Fiscalía en su denuncia, se desprende del propio informe de la intervención del Ayuntamiento –que adjunta con su escrito–, de las nóminas correspondientes a los meses de abril de 2009, septiembre de 2009, octubre de 2009, abril de 2010, octubre de 2010 y abril de 2011. Lo que no se concreta es la cuantía a la que han podido ascender esos pagos.

Todo ello, concluye el fiscal, pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, por lo que solicita la práctica de determinadas diligencias. Entre la documentación aportada por el Ministerio Público figura el citado informe de intervención, el acta de la sesión donde Tomás Gómez aprobó el pago de «sobresueldos», el requerimiento de anulación instado por la Delegación del Gobierno, así como un informe técnico sobre los acuerdos alcanzados sobre «las condiciones comunes de los empleados públicos». La denuncia de la Fiscalía se une a la que puso el PP en octubre de 2011 en el Juzgado Número 5 de Parla por estos mismos hechos y que continúa en este juzgado.

UN CASO QUE DESTAPÓ LA RAZÓN

Tanto la Fiscalía, como el PP y el Tribunal de Cuentas investigan el caso de los «sobresueldos» ilegales de Tomás Gómez a los funcionarios de Parla a raíz de una información que publicó LA RAZÓN en exclusiva en 2010. Pese a las tres investigaciones abiertas, tanto Gómez como su sucesor niegan los hechos.