Comunidad de Madrid

La Justicia respalda el plan de reordenación del Sermas

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, durante una visita al hospital universitario de Torrejón de Ardoz
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, durante una visita al hospital universitario de Torrejón de Ardozlarazon

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado al Gobierno regional frente a la denuncia del sindicato CSIT-Unión Profesional contra el Plan de ordenación de recursos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que acusaba a la Consejería de Sanidad de no haber querido negociar con las organizaciones sindicales respecto al plan de reordenación del personal que se aprobó el pasado mes de marzo en el que, entre otras cuestiones, indicaba las pautas de movilidad de los funcionarios del sector sanitario en el marco del proceso de externalización de seis hospitales públicos de la región.

Tras once días de negociación, la Comunidad de Madrid aprobó sin lograr ningún acuerdo el plan de reordenación que fue recurrido por CSIT. En su demanda, el sindicato apeló al artículo 28 de la Constitución al asegurar que la Consejería de Sanidad había vulnerado el derecho a la libertad sindical, «pues la aprobación del plan no ha ido precedida de una negociación con las debidas garantías». Entre dichas vulneraciones, CSIT reclamaba que no habían recibido la documentación necesaria de forma correcta y que sólo se había tratado la reordenación en el hospital Puerta de Hierro y en otros procesos ya regulados.

Por contra, fuentes del Gobierno regional aseguraron que dedicaron más de 60 horas a la negociación de este plan presentando diversas ofertas a las organizaciones sindicales, que finalmente se negaron a firmar ningún acuerdo en el último momento. «Parece que no había voluntad de llegar a acuerdos desde el inicio de la negociación», apuntaron. Igualmente, señalaron que el planeamiento del recurso al plan, apelando a la Constitución, era un intento de forzar un proceso sumarísimo de todo el proceso de externalización.

La sentencia rechaza el argumento del sindicato y respalda que ,«llevada a cabo la negociación e intentada la deseable aproximación de posiciones, si no se alcanza un acuerdo, corresponde a la Administración la obligación de plasmar normativamente sus decisiones, pues es a ella a la que incumbe tal deber en aras del interés general que ha de servir». Es más, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que la actuación de la Consejería de Sanidad «no incide negativamente en el contenido constitucional del artículo 28».

Estrategia sindical

Al respecto, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, consideró que los tribunales «ponen a los sindicatos en su sitio». «Este recurso que hemos ganado formaba parte de la estrategia sindical para impedir las reformas», destacó, y confió en que, tal y como ha sucedido en este caso, «todos los intentos sindicales y del PSOE de judicializar nuestras iniciativas acabarán fracasando, como lo han hecho esta vez».