Desahucio
Desalojados a la tercera los ultras de Hogar Social Madrid
Tras la intervención policial los okupas acamparon en la Plaza de Cibeles de manera indefinida
Tras la intervención policial los okupas acamparon en la Plaza de Cibeles de manera indefinida.
La Policía Nacional desalojó ayer, por orden judicial, el palacete situado en la plaza de Margaret Thatcher, junto a la de Colón, que el colectivo Hogar Social Madrid tenía okupado desde abril de 2017 y donde vivían aproximadamente unas 20 personas, según fuentes policiales. Las mismas fuentes informaron de que el desalojo, iniciado a las 6:30 horas, transcurrió «sin incidentes ni detenidos». Por su parte, la portavoz del movimiento, Melisa Ruiz, movilizó a quienes habitaban en el interior de estas oficinas y organizó una acampada en la Plaza de Cibeles. «Vamos a permanecer aquí hasta que el Ayuntamiento y el ejecutivo de Manuela Carmena decidan ofrecer una alternativa habitacional a las familias a las que los poderes institucionales han dejado en la calle», aseveró Ruiz, a las 16:00 horas. Asimismo, instó a todo aquel que quisiera a «mostrar su apoyo y echar una mano con alimentos, agua, esterillas y todo lo posible para pasar la noche».
Según informó la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid, en el desalojo, participaron agentes de la Unidad de Intervención Policial (Antidisturbios) acompañados por la comisión judicial, que tiraron la puerta abajo para acceder al inmueble. Una vez dentro, desalojaron a las 20 personas que los habitaban, entre ellos tres familias y dos menores de edad. El edificio, propiedad de la Banca Privada de Andorra está intervenido y ha quedado precintado.
También el propio colectivo de Hogar Social Madrid informó a través de sus redes sociales del desalojo del edificio «con niños dentro». Su abogado, Ignacio Menéndez, señaló que no les había llegado la citación de desalojo y pidió a las autoridades que les permitiera sacar los 4.000 kilos de comida que tienen almacenada en el interior del edificio y con la que dicen alimentar «a más de 300 familias». Además, apuntan, «la Banca Privada de Andorra llamó a los servicios de limpieza para tirarla» a la basura.
Un defecto de forma y un cerrajero de urgencia
El primer intento de desalojo se dio el 9 de febrero, cuando una comisión judicial decidió aplazar el lanzamiento por un defecto de forma. El 16 de mayo llegó el segundo. Esta vez, el problema fue que el cerrajero de urgencia que habían enviado los propietarios no pudo abrir las puertas de seguridad del inmueble.
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