La Policía se suma al caso de «malversación» en Parla

El pasado 31 de marzo, Ignacio González anunció a los alcaldes de la región que el presupuesto final para las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana en 2013 ascendería a 66,7 millones de euros.

El pasado 31 de marzo, Ignacio González anunció a los alcaldes de la región que el presupuesto final para las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana en 2013 ascendería a 66,7 millones de euros. Los municipios que no respetaran su convenio, dejó claro entonces el presidente de la Comunidad, serían penalizados. Menos de dos semanas después del aviso, llegan las primeras consecuencias. El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno, Salvador Victoria, señaló ayer públicamente a Parla como una de las localidades incumplidoras. Gobernado por el socialista José María Fraile, este municipio verá reducida en un 60% la subvención para las Bescam que recibe del Gobierno regional. Pasará de los 2,7 millones que recibió el pasado año a poco más del millón de euros.

El miércoles de esta semana, Victoria y Fraile se reunieron para abordar esta cuestión. El consejero de Presidencia y Justicia informó al regidor de que el dinero destinado a Parla se reduciría por los incumplimientos por parte del Gobierno municipal. En concreto, Parla habría incumplido dos de los parámetros que contempla el convenio, cuya firma se efectuó en 2004. En primer lugar, no ha respetado el Ratio de Seguridad, en el que se suman los efectivos de la Policía Local y las Bescam en función de la población del municipio.

El convenio fijaba el número de agentes Bescam en 70. Pero tal y como refleja la radiografía sobre las Brigadas Especiales en Parla que ha realizado la Comunidad de Madrid con fecha de 2012, Fraile no tiene cubiertas 38 plazas de agentes locales, cuyas responsabilidades son realizadas a su vez por otros tantos agentes Bescam. El otro parámetro que Parla incumple es el que afecta a las vacantes del propio cuerpo de las Bescam. Y es que en lugar de 70 agentes desplegados en el municipio, en Parla hay 68. Cubrir estas dos plazas vacantes no supondría ningún gasto para las arcas municipales ya que es la Comunidad la que abona un dinero anual destinado a sufragar el salario de cada uno de los agentes, fijado en los 3.166 euros brutos al mes. Estas dos variables –los 38 efectivos de Bescam que realizan labores de agentes locales y las dos vacantes en las brigadas– implican que únicamente 40 agentes –del total de 70 que figuran en el convenio– desempeñan las labores de seguridad y prevención del delito, que, sobre el papel, son los fines que justificaron la creación de este cuerpo.

Salvador Victoria aseguró ayer que remitirá la información sobre las 38 vacantes en la policía municipal al Juzgado número dos de Parla, que actualmente está investigando la causa en la que José María Fraile está imputado por la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa por el supuesto pago de «sobresueldos» a funcionarios públicos. «Dada nuestra preocupación, vamos a remitir esos estudios e informes sobre la cobertura de plantilla de Policía Local y las subvenciones que ha abonado la Comunidad de Madrid en ese municipio, al objeto de que el juez disponga de esos documentos y pueda analizar su implicación en esa materia que está estudiando por malversación de caudales públicos», añadió Victoria. Lo que la Comunidad quiere que se investigue es si el dinero que destina a las Bescam podría estar siendo utilizado por el Ayuntamiento para otros fines.

Por su parte, José María Fraile aseguró que Parla está siendo «constantemente agredida». En declaraciones recogidas por Europa Press, el alcalde anunció que, además de recurrir por vía judicial el convenio, pedirá una reunión «urgente» con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, debido a que se trata de un «conflicto político» y no está «dispuesto a pasar por más agresiones» a los vecinos. Según Fraile, el recorte en el dinero destinado a las Bescam de Parla está «lleno de oscurantismo, arbitrariedad y obscenidad en los planteamientos, ya que el consejero desconoce los datos de población de Parla».

Todo ello se produce un mes después de que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, informara de que la delincuencia en Parla se había incrementado en 2012 un 46% respecto a 2011.