Parla, amenazada de intervención

En reiteradas ocasiones a lo largo de los últimos años, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas han cuestionado la legalidad de determinados puntos de la gestión del socialista José María Fraile como alcalde de Parla. Interrogantes que llevaron este martes al primer edil a tener que declarar en calidad de imputado por malversación de caudales públicos en el caso de los sobresueldos a funcionarios. Ahora, a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, se une la Intervención del propio consistorio a la hora de subrayar las irregularidades de la Junta de Gobierno presidida por Fraile.

En un informe demoledor firmado el 19 de enero, el viceinterventor municipal –que lleva en el cargo apenas tres meses– cuestiona la validez de los presupuestos del consistorio para este año y llega a sugerir la posibilidad de que el Ayuntamiento necesite de una tutela financiera. A lo largo de los diez folios que integran el informe, recuerda que las cuentas para el actual ejercicio son las que ya han sido prorrogadas de forma sucesiva desde 2010. Esta circunstancia provoca, a juicio del viceinterventor, que exista «un Presupuesto de Gastos e Ingresos en 2013 que no es realista ni consistente con la realidad económica financiera del Ayuntamiento de Parla». Por ello, sugiere la aprobación de un presupuesto que sirva como documento que refleje «la capacidad real de gastos e ingresos». Y es que el hecho de que estén en vigor las mismas cuentas desde hace cuatro años provoca importantes desajustes respecto a las necesidades reales para 2013. Un buen ejemplo de ello se encuentra en la previsión del equipo de Fraile respecto a la aportación de 21,6 millones del Consrcio Parla Este. Según el informe, esta previsión debería ser eliminada ya «en años anteriores no se llegó a registrar ningún ingreso derivado de la misma». Del mismo modo, a lo largo de los próximos meses finalizan los dos años de carencia de amortización de los préstamos del Gobierno central relacionados con el plan de pago a proveedores que superan los doce millones de euros. Ello obligaría a incluir en los presupuestos de 2013 estas cantidades, ya que «habrá que hacer frente a las cuatro cuotas trimestrales de amortización», que no estaban previstas en 2010.

Pero el apartado más duro del informe es en el que el viceinterventor viene a recordarle al equipo de Gobierno municipal que las cuentas incumplen la legalidad al no respetar el equilibrio presupuestario. «Como se puede comprobar el saldo de operaciones corrientes como saldo de operaciones de capital es negativo como resultado de la insuficiencia de ingresos». Y advierte: «Una Administración responsable debería adoptar medidas urgentes de reequilibrio presupuestario».

En las conclusiones, vuelve a incidir en la obligación del consistorio de aprobar en Pleno un «Plan económico» que permita en un año el cumplimiento de los objetivos. De no hacerlo, el Pleno deberá acordar la no disponibilidad de créditos y la constitución de un depósito en el Banco de España equivalente al 2,8% de los ingresos no financieros del municipio. Si Fraile optara por desatender también estas recomendaciones, el informe apunta a una posible intervención, en la que la Comunidad ejercería «la tutela financiera de la corporación». Fuentes consultadas por LA RAZÓN señalan, sin embargo, que la administración encargada de ejercer la tutela no sería el Gobierno regional sino el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al no haberse transferido a las autonomías la competencia de tutela financiera de las administraciones locales. Esta intervención tendría como objetivo la toma de medidas necesarias para «obligar al Ayuntamiento al cumplimiento forzoso de las medidas».

El PP pide que Gómez declare

El portavoz del PP de Parla, Miguel Ángel López, anunció ayer que su formación emprenderá una ofensiva judicial para «impedir los escándalos de Fraile». Con este objetivo, se personará en el caso de los sobresueldos a funcionarios, destapado por LA RAZÓN, y en el que pedirá la comparecencia de Tomás Gómez. También interpondrán una querella contra el alcalde y el concejal de Hacienda por los pagos realizados desde finales de 2011, que cuentan con informes contrarios de la Tesorería y la Intervención, y que estas instancias se han visto obligadas a avalar «por obediencia debida». Además, el portavoz de los populares ha dirigido una carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en la que le informa de la situación del consistorio «para que tome las medidas que considere necesario para evitar que Fraile siga arruinando a esta ciudad».