Tania Sánchez, imputada por adjudicar 1,3 millones en contratos a su hermano

Declarará el 23 de junio junto a su padre, concejal de Rivas, por dar subvenciones a asociaciones vinculadas a la familia.

Tania Sánchez, que iba en un principio de número uno en la candidatura de Izquierda Unidad a la Comunidad de Madrid y decidió «bajarse del barco» para crear la plataforma Convocatoria por Madrid, cuando la coalición tenía ya poca capacidad de reacción, tiene una cita con la jueza Gladys López Manzanares, titular de Juzgado de Instrucción número 6 de Arganda del Rey (Madrid), el próximo día 23 de junio. Ese día deberá comparecer en calidad de imputada por delitos contra la Administración Pública, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, después de que la magistrada admitiese a trámite la querella interpuesta por el PP contra ella, su padre, su hermano Héctor y el alcalde en funciones de Rivas-Vaciamadrid, Pedro Del Cura. La ex pareja sentimental de Pablo Iglesias, su padre y su hermano comparecerán el mismo día, mientras que el anterior lo harán Pedro del Cura y las funcionarias municipales Yolanda Pérez y María Abril Barceló.

La querella se refiere a la adjudicación por parte del Consistorio ripense de más de 1,3 millones de euros en distintos contratos a la cooperativa Aúpa, cuyo administrador era Héctor Sánchez, cuando su padre y su hermana eran concejales en el Ayuntamiento de Rivas; así como a la concesión de varios contratos de la escuela de tenis a una empresa de la que era copropietario un funcionario municipal.

A todos los querellados se los acusa de participar en el diseño de un «entramado criminal continuado en el tiempo» para «beneficiar a amigos y familiares». Así, según se relata en la querella, dicha «trama» se encargó de que tuviese lugar una «adjudicación sistemática de contratos públicos» a favor de Aúpa, la cooperativa en la que «participaban o tenían intereses de diversa clase los querellados», siendo administrador único de esa sociedad Héctor Sánchez, hermano de Tania.

En esta línea, se destaca que el alcalde, Pedro del Cura, y la entonces concejal Tania Sánchez, quienes desde sus cargos públicos participaron en el diseño de un entramado criminal continuado en el tiempo conducente a la adjudicación sistemática de contratos públicos a Aúpa Sociedad Cooperativa Madrileña, así como a la adjudicación de plazas de funcionarios de carrera creadas ad hoc en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, y la concesión de ayudas económicas directas y subvenciones a la Asociación Cultural Pecados Capitales de la cual son fundadores, entre otros, Héctor Sánchez Melero, Pedro Del Cura y Tania Sánchez Melero».

De esta forma, según la querella, en septiembre de 2008, Tania Sánchez, como concejala de Cultura y Fiestas, propuso la concesión por el Ayuntamiento de una «ayuda económica directa» de 2.500 euros a favor de la «Asociación Cultural Pecado Capitales», que fue aprobada por la Junta de Gobierno del Consistorio en la reunión del 30 de septiembre. Pero, además, la persona autorizada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas para la firma de la documentación necesaria en orden a la ejecución del acuerdo, así como la disposición de los fondos precisos a tal efecto, previa justificación en la forma legal establecida, fue la propia Tania Sánchez. De esta forma, la ex dirigente de Izquierda Unida, «valiéndose de su cargo» y de las funciones que tenía atribuidas como edil, «distrajo de los fondos públicos del Ayuntamiento una cantidad –2.500 euros– que fue transferida directamente» a la mencionada asociación, «fundada por ella misma, por su hermano Héctor» y el entonces compañero de partido y también concejal Pedro Del Cura.

Beneficio propio y a parientes

Para el PP, la voluntad de delinquir de Tania Sánchez y de Pedro Del Cura es «evidente». Pero no sólo la de ellos, sino el de todos los querellados, al entender que el proceder de ellos, en su conjunto, «parece ser el propio de una organización criminal que persigue disponer de fondos públicos en beneficio propio, de parientes o afines». Así, proponen la concesión de la ayuda económica directa, la votan a favor en la Junta de Gobierno, «y son ellos mismos quienes, además, supervisan el cumplimiento de los requisitos y dan las órdenes de pago. Y todo lo anterior con la premisa de ser ocultado, de guardar silencio, y, en definitiva, de beneficiar a los suyos ignorando la ley y la ética más elemental».