Todos los vecinos censados en la Cañada podrán comprar sus casas

«La luz al final del túnel», según el alcalde de Coslada; «el principio del fin» para la alcaldesa de Madrid, y «la solución definitiva a un problema enquistado desde hace 50 años» en palabras del presidente de la Comunidad. Los tres firmaron ayer en la Puerta del Sol el Acuerdo Marco Social que detalla los planes de intervención en la Cañada Real Galiana con la meta de dar una solución defintiva a los vecinos que, desde hace décadas, viven en un limbo legal. El acuerdo, «realista y eficaz» según González, perseguirá mejorar la vida de las más de siete mil personas que viven en los 14,4 kilómetros de terreno afectado, que atraviesa los términos municipales de la capital, Coslada y Rivas. «Este acuerdo afronta los problemas de la Cañada y recoge las peticiones históricas de los vecinos», precisó González.

En lo que afecta al futuro urbanístico de la Cañada, el acuerdo plantea el propósito de mantener el mayor número de edificaciones y usos posibles e integrarlos dentro del conjunto. Se regularizarán las casas y los locales que no presenten problemas de seguridad, que no respondan al patrón de infravivienda o que sirvan de escenario para la comisión de alguna actividad ilícita, fundamentalmente relacionada con el narcotráfico. Con ello, precisó el presidente, se busca «conservar la esencia del barrio».

Otro de los puntos que incluye el pacto pero que se deberá profundizar conforme se avance en su puesta en práctica es el que tiene que ver con el acceso a la propiedad de las viviendas ya existentes. En este aspecto cobra sentido el censo que se ha realizado en los últimos años para conocer la población real de la Cañada: entre los seis sectores, la población asciende a 7.725 vecinos. Al 100% de ellos se les ha garantizado el derecho a la vivienda. Las viviendas consolidables permanecerán y aquellos que se residan en una infravivienda –aquellas casas que no cumplen los mínimos estándares de habitabilidad o aquellas habitadas por familias en situación de extrema vulnerabilidad– serán realojados. Al contar con un censo de partida, la Comunidad se blinda ante la llegada a los sectores de eventuales asentamientos que se produzcan a partir de ahora. El cuarto pilar sobre el que se asienta el acuerdo se refiere a las actuaciones sociales que contempla medidas enfocadas al ámbito educativo y laboral –lucha contra el absentismo, programas de acceso al mercado de trabajo y generación de oportunidades para la mujer–, al área social y comunitaria –trabajos que serán coordinados por la Mesa Social– y en el terreno sanitario –incidiendo en alteraciones de conducta, problemas de salud mental o enfermedades infectocontagiosas o de ayuda a los drogodependientes–. Estas actuaciones sociales también variarán dependiendo del área de afectada. En los sectores 1, en Coslada, y el 2, entre Vicálvaro y Rivas, no se realizarán intervenciones sociales específicas. En los sectores 3, 4 y 5, sí se desarollarán estos programas. El sector 6, en Villa de Vallecas, requerirá de un acuerdo propio en todos los aspectos.