Tranvía de Parla infló el IPC de sus facturas en 2,2 millones de euros

El Tribunal de Cuentas y la Intervención Municipal afirman que esta «irregularidad» provoca «perjuicios» al consistorio desde 2008.

Casi 2,2 millones de euros. Ésa es la cantidad que la empresa concesionaria del tranvía de Parla ha facturado de más al Ayuntamiento por la subvención municipal para cubrir el déficit de explotación de este servicio municipal.

Así lo advirtió ya el año pasado el Tribunal de Cuentas en un amplio informe sobre este tranvía, en el que avisaba de que la concesionaria presentó facturas al consistorio con importantes «excesos» por una mala aplicación del IPC entre los años 2008 y 2015.

Y así lo ratificó recientemente la propia Intervención Municipal al dejar claro que, «si no se rectifica esta irregularidad», el consistorio estaría «en riesgo de exponerse a una investigación del Tribunal de Cuentas» por el «daño patrimonial» y los «perjuicios causados a los fondos públicos municipales», algo que «no puede ser aceptado ni consentido por el Ayuntamiento».

El nuevo Gobierno local (PP) ya ha anulado esos 2,2 millones de «excesos» y exige a la empresa que se los descuente de la deuda que mantiene con ella.

Así, según sendos informes de estos dos órganos fiscalizadores –el Tribunal de Cuentas a nivel nacional y la Intervención Municipal a escala local–, la empresa concesionaria Tranvía de Parla S.A. ha estado cobrando de más al Ayuntamiento durante los últimos ocho años en las facturas relativas al déficit de explotación, que es como se denomina la diferencia entre el coste real del servicio y lo que ingresa la concesionaria directamente a través de los billetes y abonos que pagan los usuarios.

Esa diferencia la cubren a partes iguales la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, tal y como acordaron ambas administraciones cuando se inició el proyecto hace más de una década.

Pero, al menos en la parte que corresponde al Ayuntamiento, la concesionaria Tranvía de Parla SA ha venido presentándole facturas que han causado cuantiosos «perjuicios» y «daño patrimonial» a las arcas municipales por valor de casi 2,2 millones de euros.

Así, desde que el tranvía se puso en marcha en 2007, la concesionaria ha ido aplicando durante los años siguientes la correspondiente revisión del índice de precios al consumo (IPC), como ocurre en casi todos los contratos públicos.

El problema es que Tranvía de Parla ha aplicado un IPC muy por encima del que le permitían el contrato y las condiciones por las que se le adjudicó. Una circunstancia que nadie advirtió en el Ayuntamiento hasta que, a mediados del año pasado, el Tribunal de Cuentas emitió su primer informe, en el que ya avisaba de que la concesionaria hacía una «interpretación incorrecta» de la cláusula 38.1 del contrato, que regula el cálculo del IPC que Tranvía de Parla S.A. debe aplicar cada año y que la empresa ha sobrepasado ampliamente desde 2008.

Así ha seguido haciéndolo hasta que el nuevo Gobierno local –presidido por Luis Martínez Hervás (PP), el primer alcalde democrático de Parla que no es del PSOE– decidió acabar con esta «irregularidad». Y lo hizo apoyándose en el informe del Tribunal de Cuentas y en el que, en idéntico sentido, emitió la Intervención Municipal poco después, en noviembre. La Intervención de Parla coincide con el Tribunal de Cuentas, recordando que éste advirtió «con toda claridad» de que el IPC facturado por la concesionaria entre 2008 y mediados de 2015 «no es correcto», una «irregularidad» que ha provocado «daño patrimonial y perjuicios a los fondos públicos municipales», algo que «no puede ser aceptado ni consentido por el Ayuntamiento».

La Intervención advierte de que, «si no se rectifica esta irregularidad», los gestores locales corren el riesgo de «exponerse a una investigación del TC» por responsabilidad contable, en la que incurren «quienes, por acción u omisión contraria a la Ley, provocan menoscabo de caudales públicos».

¿Dónde está el exceso?

El contrato preveía dos fases de subvención: durante los cinco primeros años, en función de los kilómetros recorridos por el tranvía y, durante los siguientes, por número de viajeros.

En ambos casos, la concesionaria cometió excesos en el IPC. El único año en el que no lo hizo fue 2007. A partir de ahí y durante los cinco años siguientes, el Ayuntamiento debía pagar una cantidad fija por trayectos. Así, en 2011 el canon era de 9,34 euros por kilómetro, pero la concesionaria facturó 50 céntimos más (9,84 euros) por kilómetro, lo que, multiplicado por los más de 700.000 que recorrió ese año el tranvía, provocó un exceso de casi 360.000 euros.

Lo mismo ocurrió cuando la subvención pasó a facturarse por número de viajeros: en 2014 se facturaron 8 céntimos de más por cada uno de los 4 millones de usuarios que ese año subieron al tranvía: otros 320.000 euros de exceso. Y así hasta sumar casi 2,2 millones de euros, según se detalla en la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Con este panorama heredado de la etapa socialista, el Gobierno local (PP) ha decidido anular esa cantidad de la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la concesionaria por la explotación, además de la que arrastra por las obras. Así lo aprobó la Junta de Gobierno el 23 de diciembre y se lo comunicó por escrito a la empresa el pasado 13 de enero.

La concesionaria puede ahora presentar recurso ante el propio Ayuntamiento o ante la Justicia.