Una sentencia inminente que podría tumbar las calles de Carmena

La clave en el destino de las placas está en el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco.

Una «batalla ideológica» se está librando en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 23 de Madrid. Y el desenlace podría ser inminente. Sobre la mesa de su titular ya están las comparecencias, las declaraciones y las conclusiones de todas las partes. Por un lado, el Ayuntamiento de Madrid; por otro la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). ¿El motivo de la disputa? 52 calles del callejero de Madrid, cambiadas en virtud de la Ley de Memoria Histórica, y que han sido recurridas por la fundación. Si en algo coinciden ambas partes es que la sentencia constituirá un momento «clave» en este contencioso.

La decisión del juez está próxima a conocerse. Así lo cree el presidente ejecutivo de la FNFF, Juan Chicharro. «Tenemos esperanzas fundadas de que, si no en las 52 calles, sí van a decidir bastantes a nuestro favor», asegura Chicharro a este diario. Entre otras razones está la dictada por las últimas sentencias judiciales. Hasta el momento, los tribunales madrileños han «tumbado» cinco de los cambios propuestos por el Comisionado de Memoria Histórica, órgano asesor del Ayuntamiento de Manuela Carmena: las calles de General Millán Astray, Hermanos García Noblejas, Caídos de la División Azul, El Algabeño y General Asensio Cabanillas. La FNFF recurrió estos cambios y los de 47 calles más. Sin embargo, estos cinco fallos judiciales han llegado tras los recursos de otros particulares: familiares, plataformas, asociaciones de vecinos... La fundación cree que el juzgado tendrá en cuenta esta jurisprudencia.

La clave de estas decisiones judiciales en contra del Ayuntamiento –y que han sido consecuentemente recurridas– se encuentra, según los denunciantes, en la aplicación del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que es en el que se ha amparado el Ayuntamiento para el cambio de nomenclaturas. Concretamente, insta a las Administraciones Públicas «a tomar las medidas oportunas para la retirada, en el ámbito de sus competencias, de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

«El nombre de una calle no es ni una insignia ni una placa ni un objeto. Es un rótulo», argumenta Chicharro. «En ninguna parte de la Ley de memoria Histórica dice que se retiren los rótulos. Los jueces analizan la ley, pura y dura. Pero la ley no hace mención a eso. De ahí que estemos ganando», añade. Y es que, para la FNFF, el error del Ayuntamiento, a nivel técnico, es el hecho de «haberse lanzado a cambiar las calles» sin esperar las resoluciones judiciales. La Fundación pidió la suspensión cautelar de la sustitución de placas. Sin embargo, tras presentar un recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al Ayuntamiento. «Lo lógico y prudente es que hubieran esperado a que el juzgado número 23 se decidiera», argumenta Chicharro.

Ahora bien, pese a las últimas sentencias judiciales, sumadas a la que llegará próximamente, ¿está el Ayuntamiento obligado a restituir las placas? «Se han dado cuenta, tarde, de que van a perder, de que amparándose en la Ley de Memoria Histórica han metido la pata. Y para curarse en salud, ya han dicho que las van a cambiar a través de un Pleno, sin hacer referencia a la ley. Si les trae sin cuidado las sentencias judiciales, no hay nada que hacer», critica Chicharro.

El presidente de la FNFF aludía así a una información publicada por «Okdiario», en la que Txema Urkijo, secretario del Comisionado de Memoria Histórica, afirmaba en un mail dirigido a una empresa que el Ayuntamiento «tiene voluntad decidida de mantener el cambio» de la calle Caídos de la División Azul «no por vía judicial, sino en aplicación de la Ordenanza que regula el callejero de Madrid». Por eso, el cambio «será definitivo».

En declaraciones a LA RAZÓN, Txema Urkijo aclara que esta posibilidad fue sugerida directamente por la jueza del juzgado contencioso-administrativo número ocho en su sentencia a favor de los descendientes de los combatientes de la División Azul: si quiere cambiar el nombre de esta calle, «el Consistorio madrileño deberá hacerlo mediante la ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de espacios urbanos y no en aplicación de la memoria histórica».

Así, asegura Urkijo, «no sólo estamos lejos de ser rebeldes, sino que recogemos una posibilidad que apunta la propia legisladora». Además, la voluntad del Ayuntamiento es llevar a término el «acuerdo del Pleno municipal, aprobado por tres de los cuatro grupos municipales, con la abstención del PP y ningún voto en contra. Hay una legitimidad que otorga el respaldo político», añade. Así, la posibilidad de aprobar el cambio de nombre a través de una ordenanza «es una de las vías que exploramos y que no hemos dicho nosotros, sino la propia jueza. Y hay una voluntad de que eso sea así».

Chicharro subraya algunas situaciones que demuestran que el Ayuntamiento «lo ha hecho francamente mal». Es el caso, por ejemplo, de la Calle Comandante Zorita, finalmente rebautizada como Calle Aviador Zorita, en referencia, quizás, a que fue el primer español que logró superar la barrera del sonido.

Pero, en su opinión, el mayor problema es el «sectarismo» de la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde el año 2007. «Si uno lee su exposición de motivos, en algunos puntos puedes estar de acuerdo. Por ejemplo, en que la razón principal por la que se produce el cambio de escudos, insignias o placas nace con la finalidad de que los lugares públicos sean puntos de encuentro, no de confrontación. Sin embargo, los mismos que quieren que los espacios públicos sean de encuentro quieren retirar un monumento a Franco para sustituirlo con otro de Largo Caballero», dicen desde la FNFF. Del mismo modo, «el artículo 1 apunta que el objeto de la ley es ampliar los derechos a favor de los que padecieron persecución y violencia con motivo de la sublevación militar de la Guerra Civil. Ahí se equivocaron: dice ''Guerra Civil'', no se refieren a ''sólo los de un bando''. Por eso, más de la mitad de los españoles, por lo menos, estaríamos afectados». Sería el caso, por ejemplo, de las víctimas del «terror rojo» en Madrid, ahora a debate por el polémico Memorial del Cementerio de la Almudena, monumento en el que el Comisionado de Memoria Histórica también ejerce de asesor en el Ayuntamiento.