La Comunidad debe 32 millones a proveedores de Escombreras

El interventor general de la Comunidad, Eduardo Garro, dió a conocer ayer que la autonomía deberá abonar 32 millones de euros a las dos empresas del grupo ACS, que fueron contratadas por el Ente Público del Agua para encargarse de la desaladora de Escombreras. En su intervención en la Comisión que investiga la construcción y puesta en marcha de la mencionada infraestructura, Garro afirmó que, hasta el 31 de diciembre de 2015, las facturas de Hydro Management ascendían a 28 millones, mientras que las correspondientes a Tedagua son de 14 millones, aunque señaló que en la actualidad la cifra puede haberse reducido, en el caso de que se hayan realizado algunos pagos.

Sobre los gastos, el interventor manifestó que desde que se construyó, en 2006 hasta 2015, tiene una pérdidas valoradas en 94 millones de euros, lo que consideró «común» en los organismos públicos, dado que, como informó, la Comunidad ha cubierto pérdidas de 21.000 millones de la financiación realizada a empresas públicas desde el año 2004.

Garro subrayó que en la actualidad «es imposible determinar el valor de las instalaciones a pesar de que en 2014 se hicieron las últimas auditorias, pero, según explicó, no se han anotado el deterioro de los activos, y afirmó que los informes que suscribieron no siempre fueron favorables. «Cuando se complicó la situación, en el año 2013, se emitió un estudio en el que se daba cuenta de ello al Consejo de Gobierno».

Sobre el documento de fiscalización en el que se advertían indicios de responsabilidad contable, el interventor general señaló que «a pesar de que la fórmula no es la habitual, se tomó como modelo la pública-privada, alentados por la Unión Europea». En su intervención ante la Comisión de investigación, explicó que el tipo de arrendamiento de la desaladora es financiero, es decir, que existe la posibilidad de compra, aunque según los informes a los que aludieron los parlamentarios, la operación se configuró como un arrendamiento operativo, que no permite la opción de compra.

Sobre la cláusula del contrato suscrito entre el Ente Público del Agua y ACS, que obliga a la Comunidad a pagar una renta de 600 millones durante el tiempo de duración del contrato, Garro afirmó que él hubiera «procurado que no estuviera».

Posteriormente intervino el funcionario David Rodríguez, quien habló de un informe en el que se mostraba la responsabilidad en la compra de acciones.