“Aquí nos despertamos oliendo a croquetas y nos acostamos oliendo a cordero”

La calle de José Calvo, en el barrio de Tetuán, siempre fue tranquila. El barrio aún conserva un cierto ambiente de pueblo, de vecindario en el que todos se conocen y donde no hay grandes sobresaltos. Todo esto cambió durante el confinamiento. A la altura del número 10, en lo que había sido un almacén de papelería de 862 metros cuadrados, comenzaron unas obras ruidosas «con unas máquinas enormes». Según dijeron a los vecinos, allí «iban a construir unos trasteros». Hoy, un año después, los «trasteros» son 21 cocinas fantasma que operan a pleno rendimiento y que han puesto a los vecinos en pie de guerra.

Merche, de 54 años, es una de las afectadas. Vive con sus dos hijos en un semisótano del número nueve; su ventana da a la acera en la que aparcan la moto decenas de «riders» que se encargan del reparto y los camiones que traen los suministros. Lleva meses pegada a un inhalador y sin dormir cuatro horas seguidas. El asma que padece se le ha agudizado porque apenas puede ventilar su vivienda y la condensación del aire ha llenado de humedades el piso. Incluso con la ventana cerrada, el olor que llega de la única chimenea extractora de esta fábrica de comidas es intenso. «A veces se disparan varias alarmas a la vez y no acude nadie a apagarlas. Avisamos a la Policía y viene, pero tampoco pueden hacer nada porque no hay un número al que llamar. Así que nos toca esperar hasta que se agoten las baterías. La última vez estuve en vela de tres a seis de la madrugada», explica Merche.

A su lado, Julio, de 66 años, se queja de que «aquí nos despertamos oliendo a croquetas y nos acostamos oliendo a cordero los siete días de la semana». Han llegado a contar hasta 89 motos varadas en los 22 metros para carga y descarga que el Ayuntamiento habilitó a este negocio de «delivery» y donde antes aparcaban ellos. Todo son inconvenientes: ruido de la mañana a la noche, olores, suciedad, problemas de movilidad, broncas entre los riders... En el caso de Julio, prejubilado a causa de un cáncer de colon, estas «dark kitchens» han afectado a su salud mental y física y a la de su familia. Cuenta que su hijo y su nieto han tenido que mudarse porque la situación era «insoportable»: «En el inmueble hay tres o cuatro casas vacías porque los inquilinos no aguantan esto y nuestros pisos han perdido hasta un 40% de su valor». El estruendo hace que, en ocasiones, «tiemble el suelo y nos tengamos que asomar al balcón a ver qué pasa». Otros días tardan «el doble» en hacer la comida porque la nave vampiriza la mayoría del suministro de gas. Pero, sobre todo, le preocupa la cuestión de la seguridad. «Un día vamos a saltar todos por los aires, es una pesadilla», advierte.

A cada bloque de esta manzana de Tetuán le ha afectado de una manera distinta. Merche y Julio recuerdan a la chica que compró un piso en agosto sin saber lo que se cocía debajo y que ahora se tira de los pelos. O al opositor que apenas puede concentrarse. La instalación de este negocio surgido al calor de la pandemia requirió de la firma de la comunidad de propietarios en la que se ha instalado la enorme y única chimenea que sirve de macrosalida de humos. Pero los vecinos de la finca colindante serán los que pasen el verano atufados porque este extractor XXL se encuentra a pocos metros de la piscina que está a punto de abrir.

La de José Calvo no es la única nave de cocinas ocultas en Madrid, pero sí es la más grande. La empresa que hizo la inversión inicial (Cooklane) está participada por varios ex ejecutivos de Uber y ahora se encarga de explotar el subarriendo. Los restaurantes pagan en torno a 2.500 euros al mes por cocinar en un espacio de entre 11 y 16 metros cuadrados más el 30% de las comandas que salgan del local.

Merche asegura que el reputado cocinero Dani García tiene alquilado uno de estos 21 fogones en miniatura que, en total, cuentan con 140 puntos de gas, 4.000 de electricidad y 40 de carbón. «Es sumamente peligroso que les permitan el uso industrial en una zona residencial como esta. Incumplen decenas de normativas, por ejemplo la obligatoriedad de disponer de dos salidas de emergencia. Tienen una entrada minúscula para un local con una profundidad de 55 metros. Es una ratonera», alerta.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha detectado once cocinas ciegas en el perímetro interior de la M30, lo que posibilita una entrega rápida del pedido. Esta plataforma las define como «un nuevo negocio surgido al albor de las nuevas tecnologías digitales que se fundamenta en tener un restaurante sin servicio de barra o en local, donde el negocio se enfoca en la preparación de comidas para su consumo fuera del establecimiento». Alertan a la ciudanía de que «tú puedes ser el próximo» en sufrir el impacto negativo de un tipo de negocio que penetra en los barrios de manera rápida, en apenas dos meses pueden estar funcionando.

En la calle de Alejandro Ferrant, en el distrito de Arganzuela, está a punto de inaugurarse u espacio de 500 metros cuadrados que albergan una docena de cocinas. Las chimeneas instaladas dan directamente al patio de recreo del colegio Miguel de Unamuno, donde cada día acuden 900 escolares. Noelia Cabezas es la madre de dos niños que, previsiblemente, sufrirán sus malos humos: «No se puede jugar con la salud de estas criaturas». No acierta a comprender cómo no se han realizado los estudios medioambientales y de movilidad pertinentes para conocer el impacto negativo antes de concederles la licencia. «Nos han dicho que primero echará andar y luego veremos las consecuencias. Es totalmente inaceptable», se lamenta.

La batalla vecinal ha pasado, de momento, por la presentación de denuncias y la recogida de miles de firmas. El 29 de abril presentaron una denuncia contra ocho de estos proyectos empresariales en el Ayuntamiento de Madrid y el 8 de mayo organizaron una multitudinaria manifestación por el cierre de las cocinas de Alejandro Ferrant. El martes pasado dieron un paso más y pidieron amparo ante el Defensor del Pueblo «por la inacción de las administraciones frente un problema que, de no abordarse con el rigor y premura que requiere, puede crecer en la ciudad hasta hacerse incontrolable».

Lo cierto es que la guerra solo acaba de empezar. El Ayuntamiento ya ha reconocido haber detectado anomalías en la mayoría de estos locales, calificadas de «pequeñas deficiencias»; en concreto, en 15 de los 22 establecimientos visitados desde el 4 de marzo. Pero para los vecinos esto no es suficiente. Aspiran a que Madrid siga el ejemplo de Barcelona, donde la alcaldesa, Ada Colau, ha suspendido la concesión de nuevas licencias hasta que se aclare cuál debe ser su regulación. En la calle de José Calvo tienen la esperanza puesta en que el fin de la pandemia, que está cerca, se lleve los humos, los «riders» y el suplicio por donde vinieron y el barrio vuelva a ser lo que era.