La Audiencia Nacional da la razón a Ayuso: “sí” a las medidas cautelarísimas contra las restricciones de Sanidad

La Audiencia Nacional ha dado en la tarde de este lunes la razón al planteamiento de la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su batalla contra las limitaciones impuestas desde el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al coronavirus. En concreto, la Audiencia Nacional ha concedido medidas cautelarísimas al recurso presentado esta misma mañana por la Comunidad de Madrid contra las medidas sanitarias aprobadas por el Ministerio de Sanidad.

La aplicación de estas medidas cautelarísimas implica que Sala de lo Contencioso Administrativo ordena “suspender en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, la ejecutividad de las medidas contenidas en los apartados A), B) y C) del Anexo de la Orden Comunicada objeto de recurso”. Es decir, se dejan sin efecto, por el momento, todas las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad en los locales de ocio nocturno y discotecas, en la hostelería y los negocios de restauración, así como en los eventos y actividades multitudinarias no ordinarias.

La Audiencia Nacional concede el plazo de tres días a la Administración General del Estado demandada, a fin de que pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas.

En su argumentación, la resolución de la Audiencia Nacional reconoce que concurren dos intereses en conflicto: el de la administración del Estado y el de la Comunidad autónoma de Madrid. En este contexto, el fallo señala que “el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes, aconseja que se adopte la medida de suspensión mientras se puede culminar la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares”.

Y es que “será en ese ulterior momento procedimental, cuando la Sala disponga de mejores elementos de juicio para valorar los distintos intereses en conflicto”. Es decir, que una vez presentadas las alegaciones del Gobierno, la Sala de lo Contencioso Administrativo pasará a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Defiende, en este sentido, que el mantenimiento de las restricciones actuales -la “no alteración del status quo preexistente”- merece y es digno “de protección cautelar provisional, y que conlleva urgencia en la adopción de una decisión inaudita parte”. Señala esto la resolución porque “si no se adoptara ahora la medida cautelarísima, y se esperase a la adopción de una medida tras la tramitación ordinaria de la pieza separada de medidas cautelares, el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones”.

De manera que, como argumenta la Audiencia Nacional, “se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública ínsita en la discusión que nos ocupa”. Y concluye: “En todo caso, nos parece que la seguridad jurídica, en este caso, concentra un interés público especialmente intenso, de tal suerte que su protección momentánea revela un interés cualificado, que denota la urgencia y necesidad de la medida cautelarísima y la justifica”.

Rebeldía autonómica

Tras recibir este golpe judicial, Sanidad se puso en contacto con las autonomías para comunicar que realizará cambios en el documento previsiblemente en esta misma semana. En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, daba pistas esta misma tarde sobre lo que iba a pasar. Al ser preguntado sobre la aceptación por la Audiencia Nacional de las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, ha declarado que Sanidad y los consejeros autonómicos buscarán “alternativas lo más consensuadas posibles” para poder sustituir las medidas que no se puedan aplicar por “motivos judiciales”. Simón ha indicado que el ministerio “y las partes más técnicas” han intentado mantener “una posición negociadora”, de “mayor consenso a la hora de implementar y proponer medidas”.

Las reacciones jurídicas en las distintas regiones tras la aprobación la semana pasada de la declaración de actuaciones coordenadas (DAC) para la lucha contra la Covid-19 en el Consejo Interterritorial y su posterior aprobación en el BOE no se hicieron esperar. El documento nació viciado, ya que no hubo consenso entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad: Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Cataluña se opusieron a él, Castilla y León se abstuvo y el País Vasco ni siquiera participó en la votación.

Así, otra de las regiones que ha avanzado que recurrirá la orden del BOE es Galicia, ya que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado hoy que la Xunta presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional por «invasión de competencias» si el Gobierno mantenía las restricciones.

Aunque por estar el fin de semana en nivel 3 de alerta tanto La Rioja como País Vasco deberían haber restringido la movilidad y haber cerrado el interior de los locales de hostelería durante este fin de semana, ninguna de las dos lo cumplió. El Gobierno de La Rioja (presidido por la socialista Concepción Andreu) ha anunciado que, con el margen que permite la declaración de actuaciones coordinadas, mantiene su situación conforme al Plan de Medidas según Indicadores (PMI), sin cierres perimetrales para esta semana, y que en su caso respetará las cautelares del auto del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), del 28 de mayo.

En el caso del País Vasco, el lehendakari, Iñigo Urkulu, mostró su oposición a las nuevas restricciones, por lo que considera que siguen en vigor las medidas preventivas aprobadas el lunes de la semana pasada.

Andalucía es otra comunidad que ha mostrado su disconformidad ante las nuevas medidas, y su presidente, Juanma Moreno, ha descartado que vaya a modificar la pauta de actuación que anunció después tras finalizar el estado de alarma, el pasado 9 de mayo. «Andalucía no va a aceptar cosas que no son razonables, dialogadas».

También seguirá aplicando su normativa Castilla y León, cuya consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicó hoy que la Junta apoya las nuevas restricciones, pero que aplicará su propio marco legal en base al «semáforo» de Sanidad. “Nadie va a entender que mejores tu nivel sanitario y epidemiológico y disminuyas los aforos”, ha apuntado.