La cruzada educativa de Ayuso: Madrid sí tendrá «repescas» en la ESO

Madrid sigue dando la batalla educativa al Gobierno de Pedro Sánchez. Y lo está haciendo para hacer frente a la cascada normativa sin precedentes que bulle en el Ministerio de Educación y el de FP y paralelamente en el de Universidades y que pasa por modificar al menos cuatro leyes orgánicas y sus correspondientes decretos de desarrollo en esta legislatura.

La última modificación normativa a la que la Comunidad de Madrid pretende hacer frente es al proyecto de Real Decreto por el que se regulan la evaluación y la promoción del alumno, del que hasta ahora se conoce un borrador, y que pretende acabar en la ESO con los exámenes extraordinarios de recuperación que en Madrid se celebran en Junio, desde hace unos años, y en otras muchas comunidades autónomas se realizan en septiembre. El Gobierno central cree que esta «segunda oportunidad» para los estudiantes de 12 a 16 años más rezagados no tiene sentido porque se trata de reforzar conocimientos antes de llegar al suspenso y que todo vaya orientado hacia una enseñanza más personalizada.

Pero el Gobierno de Díaz Ayuso ya ha rechazado de forma rotunda la propuesta ministerial de suprimir la obligatoriedad de los exámenes extraordinarios en la ESO, tal como ya expresó su consejero de Educación, Enrique Ossorio. Por eso se plantea ahora implantar exámenes de «repesca» que sustituyan a los extraordinarios para los que suspenden en la convocatoria que popularmente se conoce como «juniembre» y explora la fórmula jurídica para poder hacerlo sin vulnerar el marco normativo estatal. «Buscaremos métodos alternativos para poder seguir teniendo evaluaciones que permitan tener un conocimiento más certero de si los alumnos tienen o no los conocimientos porque no ayuda a los estudiantes suprimir los exámenes extraordinarios de recuperación de junio», explica Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa.

Albert cree que «el Ministerio tiene aún tiempo de rectificar y de darle una vuelta más de tuerca al decreto porque con su planteamiento va a convertir los títulos en papel mojado y los alumnos más vulnerables van a ser los más perjudicados, porque van a pasar de curso sin tener conocimientos suficientes y cuando vayan avanzando en su estudios se van a dar cuenta de los agujeros negros que tienen. Eso les va a impedir mejorar y rompe con lo que es la escalera social de la educación», subraya.

El decreto también permite que los alumnos puedan pasar de curso sin que haya un límite de suspensos que lo impida, una decisión que tendrá que ser tomada de manera colegiada por el equipo docente del centro, siempre y cuando se considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente y ese «empujón» se considera que puede beneficiarle en su evolución académica.

Criterios claros al docente

Pero Albert cree que los profesores quieren criterios claros y dejar la decisión de si un alumno pasa con cinco suspensos en manos del claustro, generará tensiones. «Ya ocurrió con la Logse, en que se reflejó que el alumno podía pasar de curso con un número indeterminado de suspensos y había broncas en las reuniones de evaluación. Lo acabó regulando el mismo Rubalcaba cuando fue ministro de Educación de tal manera que se podía pasar de curso con dos asignaturas suspensas, siempre que no fueran materias troncales. Esta situación de magnanimidad crea incertidumbre y eso no es bueno».

Un borrador previo del decreto dejaba en manos de las Administraciones educativas el procedimiento para decidir cómo podía pasar una alumno de curso si tenía asignaturas suspensas, de tal manera que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, podía regular que fuera necesaria una mayoría cualificada del claustro a la hora de decidir si un alumno pasa de curso con suspensos, pero la última modificación excluye esta opción y ahora queda todo en manos de los centros.

Críticas a la LOSU

La presidenta madrileña también ha sido especialmente crítica con la última ley en materia educativa que ha pasado por el Consejo de Ministros que ha sido elaborada por el departamento que dirige Manuel Castells. Se trata de la Ley de Universidades (LOSU) y la ley de convivencia universitaria que ha calificado de «insultante y perversa».

Ayuso valora estas modificaciones como «un planteamiento incoherente y, en cierto modo, insultante, porque tenemos un Ministerio que, por un lado, sube el baremo de exigencia a las privadas y luego, por otro, a través del borrador de la Ley de Universidades, lo que hace es laminar la calidad de las universidades públicas, allanar el camino para controlar los campus, suprime el requisito de ser catedrático para ser elegido rector, una auténtica barbaridad, y luego da paso a colectivos afines en la toma de decisiones», dijo recientemente.

En definitiva, en la línea con lo que piensan los rectores madrileños, «no resuelve los problemas de la universidad española». De igual modo «no se apuesta por la excelencia universitaria y es un asalto de Podemos a la universidad».

Díaz Ayuso también ha sido especialmente beligerante con la nueva ley educativa tramitada de manera exprés durante el confinamiento, la Lomloe, y ya expresó su malestar con los principios básicos en los que se apoya. De hecho, el Gobierno regional ha llevado a la Asamblea de Madrid para su debate el proyecto de Ley Maestra de la Libertad Educativa. Esta norma asegura la pervivencia de la enseñanza concertada y el modelo de educación especial vigente, si así lo quieren los padres.