A día de hoy, la contratación de un servicio en una residencia, centro de día o recurso asistencial, está grabado con un 10% de IVA si se realiza a nivel privado; en el caso de que ese mismo servicio se contrate en una institución pública o concertada, la tributación es de un 4%. Una situación de “desigualdad” y de “injusticia social” a la que no se quieren someter las patronales del sector de la atención a las personas mayores. Entre ellas, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (Amade).

Desde Amade recuerdan que el PSOE, en el Congreso de los Diputados, ha vetado la enmienda que solicitaba la equiparación del IVA en el sector de la dependencia. Una enmienda presentada por PP, ERC y PdCat en los Presupuestos Generales del Estado. “Amade, junto al resto de representantes, está dispuesta a recurrir hasta donde sea necesario para acabar con esta injusticia social histórica”, afirma la asociación en un comunicado.

“Estamos apoyando y solicitando una enmienda a los presupuestos donde se solicita la reducción del 4% de aquellos servicios dirigidos a la atención a personas dependientes”, asegura por su parte Pilar Ramos, presidenta de Amade. “Se ha hablado mucho en los últimos años de lo que son los mayores, de lo que es la dependencia, de la vulnerabilidad de nuestros mayores... Si realmente queremos hacer algo más que hablar, apoyemos una solicitud que es de justicia, que es de beneficio para todas las familias que tienen una persona dependiente en su entorno, que soportan el coste que tienen estos servicios. No pedimos nada desorbitado. Pedimos una ayuda para personas que necesitan un recurso económico”, añade. De acuerdo a Amade, más de 100.000 personas se encuentran en el “limbo de la dependencia”.

El pasado 17 de noviembre, fue suscrito un manifiesto impulsado desde Ceaps, Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia, por todas las entidades de mayores de España. En total, ocho millones de pensionistas y jubilados están representados en esta firma, sustentada en tres elementos: justicia social, derecho social y el beneficio para la economía del país y las personas dependientes.