Batalla judicial por la apertura de las pistas de Navacerrada

Había ambiente de esquí estos días en los alrededores de las pistas de Navacerrada. La fecha elegida era el 3 de diciembre. Todo ha estado encaminado para que la reapertura fue, efectivamente, el próximo viernes. Y lo que parecía algo seguro, con el paso de las horas ha ido pisando el resbaladizo terreno de la inseguridad jurídica, con una disputa entre el Gobierno de Castilla y León y el Gobierno de Pedro Sánchez.

En principio, en apenas tres días, la estación de Navacerrada comienza su temporada 2021-2022. Y, cuando hablamos de la estación, se incluyen las tres pistas de la discordia: El Bosque, El Telégrafo y El Escaparate. Tres áreas cuya concesión no fue renovada por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) debido al presunto impacto medioambiental que la práctica del esquí tiene en la zona.

En la tarde de ayer, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en rueda de prensa, tras reunirse con su homóloga de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos, aseguró que «el concesionario de las pistas va a seguir prestando su actividad. No hay inconveniente alguno. Es perfectamente compatible el uso de la estación de esquí con los aprovechamientos, con los montes de utilidad pública, donde se ubican las pistas», aseguró Mañueco. No en vano, en Castilla y León, concretamente en la provincia de Segovia, se encuentran parte de los terrenos en disputa. Por su parte, el Gobierno madrileño emitió un comunicado en el que celebró el anuncio, ya que el Ejecutivo de Ayuso lleva «meses denunciando la medida del cierre de las pistas por injusta». Una decisión que no fue «consultada ni con municipios ni comunidades afectadas». «No existían argumentos jurídicos, medioambientales, deportivos o económicos que justificaran dicha decisión», subrayaron. Además, recuerdan uno de los daños colaterales del cierre: podrían perderse entre 300 y 500 empleos directos, más los indirectos, «especialmente de Cercedilla y Navacerrada, pero también de otros municipios como Los Molinos, Becerril de la Sierra, Mataelpino, El Boalo, Collado Mediano o Cerceda».

Con ese ánimo, la estación de esquí ha estado trabajando a destajo en los últimos días para su reapertura. De hecho, la empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí ya oferta en su web los «forfaits» para esta temporada. Unos bonos que, si bien no pueden adquirirse todavía «on-line», sí que pueden encontrarse en taquilla, como explica la esquiadora Chus Martín, de la plataforma Salvemos Navacerrada. En estos días, Martín presenta su libro «Hijos del Guadarrama», obra que explica la historia del Puerto de Navacerrada a través de la inagotable cantera de esquiadores que ha dejado. «El pasado fin de semana, los cañones de nieve no han parado. Todo está a punto para abrir este viernes y allí estaremos», asegura Martín a LA RAZÓN, a la vez que se felicitaba por el anuncio de la Junta de Castilla y León.

Con todo, aún quedaba por escuchar la postura del Gobierno. A última hora, el Ministerio que preside Teresa Ribera emitió un duro comunicado en el que afirma que que «en ningún caso compete a la Junta decidir sobre la ocupación o la no ocupación de unos terrenos de titularidad pública propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)». De hecho, desde Transición Ecológica definen como «ilegal» la ocupación de los terrenos de Navacerrada.

El conflicto surge porque, según el Ejecutivo Central, el pasado mes de octubre se envió un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que «resolviera las solicitudes presentadas» en relación a las instalaciones. Más concretamente, sobre la prórroga de dos años que solicitaba la empresa concesionaria para retrasar el cierre. Sin embargo, como recuerda a este diario el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el Gobierno autonómico se declaró «incompetente» para decidir sobre la concesión de la prórroga, tal y como figura en un acuerdo del Consejo de Gobierno firmado el pasado 14 de octubre.

«La negativa de la Junta no deriva de las declaraciones del presidente, sino de ese acuerdo del Consejo de Gobierno. Lo que ha hecho el presidente es hacer una valoración política, ya que se trata de un ataque al medio rural, uno más, por parte del Ministerio», asegura Suárez-Quiñones.

En todo caso, el Ejecutivo de Sánchez ha anunciado la interposición, por parte de la Abogacía del Estado, de un recurso contencioso administrativo contra la Junta de Castilla y León por las declaraciones de Mañueco. Y a su vez, y también a través de la Abogacía, se ha «autorizado la solicitud de medidas cautelares que impidan la realización de actividades de esquí y el uso de las instalaciones» en Navacerrada «hasta la resolución del recurso». Así, señalan que la continuidad de las actividades en el territorio son «irregulares», más aún «teniendo en cuenta que la entidad concesionaria está publicitando la apertura de las instalaciones».

La pregunta es inevitable: ¿está asegurada la apertura de Navacerrada para este viernes? Nadie puede afirmarlo con rotundidad. . De hecho, de agotarse todos los recursos posibles, no es descartable que el asunto acabe en el Tribunal Constitucional.