Los “agujeros” de los informes del Gobierno de Sánchez para cerrar la estación de Navacerrada

Los informes del Gobierno de Pedro Sánchez que han motivado el cierre de las tres principales pistas del Puerto de Navacerrada se hicieron de rogar. Hasta en dos ocasiones se negó a facilitar los documentos: una a la Federación Madrileña de Deportes de Invierno y al diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Corral, pese a registrar la petición en el Portal de Transparencia del Gobierno. Nada más producirse la denuncia de LA RAZÓN, la respuesta del Ejecutivo fue inmediata. Sin embargo, una vez en poder del diputado, es el momento de analizar las justificaciones que han motivado el adiós del Escaparate, del Telégrafo y del Bosque. Y, a tenor de los documentos, éstas brillan por su ausencia.

Para empezar, Corral señala que uno de los informes técnicos facilitados por el Gobierno, concretamente el número dos, se limita a ser un «power point» que, además, había sido utilizado previamente por el Ayuntamiento de Navacerrada, liderado por el PSOE, como «argumentario» para justificar el cierre. Por lo tanto, afirma Corral, «ni siquiera es un informe». No en vano, se presentó en un pleno celebrado de forma virtual el pasado 31 de marzo.

En lo que respecta a su contenido, el diputado señala que, en toda esta documentación, «el Gobierno se está haciendo trampas al solitario» . El documento cita el artículo 70.2 del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Puerto de Navacerrada. Según se cita, el Plan «prevé expresamente» que la Estación «deje de funcionar», pasando a ser los terrenos «zona de uso limitado de cumbres». Corral señala que no es así: «Tal y como lo afirman en el documento, parece un cierre categórico y por obligación. Se establece que podría cerrar, no que deba hacerse».

Es más: el documento del Gobierno omite parte del artículo 69.1 de esa ley, en el que se declara la estación como «Zona de Ordenación Especial». En ese apartado, se certifica que «se mantendrán los usos actuales, favoreciéndose iniciativas de mejora» y «sin ampliación de las infraestructuras ya existentes», tal es el caso de la estación. Una referencia eliminada en el informe ahora facilitado.

En el power-point también se hace referencia al artículo 3.4 de la Ley de Parques Nacionales, referida a la Sierra de Guadarrama, por el cual se prohíbe el establecimiento de remontes mecánicos y la práctica del esquí alpino, al ser «incompatibles con los valores protegidos» Por ello, añaden, en el plazo de 10 años desde la entrada en vigor de la ley, deberán «suprimirse». Corral aclara que ese artículo «no es aplicable a la estación de esquí del Puerto de Navacerrada». ¿El motivo? «No forma parte del Parque Nacional: es lo que se conoce como un enclavado y, como tal, está excluido de las zonas de protección establecidas en la declaración de Parque Nacional. Se determinó así, debido al tráfico en la zona y a la variedad de usos del espacio».

De hecho, otro de los puntos incluidos en el documento gubernamental vendría a reconocer este hecho. Se trata del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional: «Las pistas y los telesillas de la estación de esquí lindan al sur con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama». Ese «lindan», a juicio de Corral, supone reconocer que dichas instalaciones no pertenecen propiamente al Parque.

En otro de los documentos, procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se incluye otra observación clave. Y esa es la de que «sin un análisis más en detalle, cabrían dos opciones»: el desmontaje de la estación por parte del «antiguo ocupante» o una «redacción del pliego de condiciones técnicas» por parte de la Junta de Castilla y León, para «establecer un procedimiento de concesión de uso privativo por concurrencia competitiva para un nuevo uso de estos terrenos».

En referencia a este párrafo, Pedro Corral asegura que «el propio Ministerio reconoce en su informe que cabían dos opciones: cerrar la estación o que continuase abierta con una concesión, mediante un nuevo procedimiento de concurrencia competitiva». La cuestión clave es que el Estado es propietario del terreno, aunque lo gestione la Junta de Castilla y León. «Si ellos no autorizan otra concesión por concurso, la Junta tiene las manos atadas», explica el diputado. De hecho, en ese texto se dice que, para que la Junta abra un nuevo procedimiento, debe ser en las «condiciones pactadas por las dos partes»: el Estado español y la Junta. En resumen, dice Corral, «el propio informe reconoce que el cierre de la estación de Navacerrada no era la única alternativa».

Por otro lado, en la página cinco de este informe del Ministerio, se vuelve a reincidir en varios de los puntos recogidos en el power point y que serían erróneos. Uno de ellos asegura que «la zona objeto de la ocupación» se encuentra «en un enclavado dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama» y «fuera de su zona periférica de protección». De nuevo, se reconoce que la estación está en un «enclavado». Es decir: «El Ministerio insiste dos veces en sus documentos en que la estación no pertenece al Parque Nacional y que ni siquiera está afectada dentro de esa zona protegida», subraya Corral. Por otro lado, en la página siete del informe, el autor del mismo elimina una vez más parte del ya citado artículo 69.1, que reitera que deberán «mantenerse los usos actuales» de las instalaciones.

Más adelante, en la página 9 del documento se hace mención a la condición de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Sierra de Guadarrama, considerándose como amenazas las «instalaciones deportivas y de ocio», como las «pistas y estaciones de esquí». Ahora bien: el propio informe reconoce que esa «amenaza» solo sería tal en caso de que «se construyan nuevas instalaciones de esquí alpino» o se «amplíen las ya existentes». «Esto es un reconocimiento implícito de que las pistas actuales no son una amenaza para la ZEPA», afirma Corral.

El diputado insiste en que una decisión como el cierre de las pistas de Navacerrada debería contar con «al menos tres informes, valorando también el impacto medioambiental derivado de la desinstalación de las pistas». Y es que, a tenor de esta documentación, el Gobierno central no ha tenido en cuenta «la maquinaria pesada que habrá que introducir en la zona, que podría convertirse en una escombrera».

Por supuesto, también falta el informe de impacto económico –los puestos de trabajo que se perderán debido al cierre, las afecciones para el sector terciario, etc.– y el impacto social: alrededor de 14.000 niños al año aprenden a esquiar en Navacerrada, mientras que para muchas personas mayores y con discapacidad supone la única vía «para disfrutar de la naturaleza». «Son decisiones que hay que sopesar muy detenidamente. Cada administración debe ser responsable y trabajar codo con codo para lograr un futuro en el que el medio ambiente sea compatible con un uso deportivo y turístico del Puerto», señala el diputado.

La concesionaria de la estación ha solicitado una prórroga de dos años, debido a que los plazos se han visto afectados por la pandemia. Sin embargo, por el momento, «tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno central han dicho que no es competencia suya el conceder ese plazo». La conclusión, dice Corral, es que esta pugna no debería resolverse viendo «quién cae antes a la lona por KO, sino, entre todos, sumar perspectivas, puntos de vista, valoraciones, para recuperar el Puerto con la actividad del esquí, del senderismo, la bicicleta de montaña... Es un recurso no solo simbólico e histórico para la comunidad de Madrid y Castilla y León, sino un recurso económico, deportivo y turístico de primera magnitud. Si nos van cerrando estas puertas de contacto con el medio natural... nos quedaremos todos sin salir de Madrid, en una burbuja, contemplándolo desde lejos», concluye.