Educación

Preocupación

El riesgo de no tener libros de texto en Madrid el próximo curso escolar

Madrid critica al Gobierno central por el retraso en la aprobación de los decretos que desarrollan la Lomloe, lo que compromete que la Comunidad pueda cumplir con el calendario de implantación de la ley de educación

Alumnos del colegio La Salle en Griñón
Alumnos del colegio La Salle en Griñón Alberto R. Roldán La Razón

En la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid hay preocupación e incertidumbre por lo que ocurrirá a partir de septiembre, cuando empiece el nuevo curso. La nueva ley de Educación que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez (Lomloe) obliga a cambiar los libros de texto y habrá que contar con nuevo material en los cursos impares de Primaria y la ESO porque es en estos cursos cuando la reforma educativa entra en vigor.

Sin embargo, a falta solo de siete meses de que comiencen las clases, el Consejo de Ministros aún no ha dado luz verde a los decretos que desarrollan cada una de estas etapas educativas que contienen lo que los alumnos deben aprender, ya que el Gobierno determina el 60 por ciento de los contenidos en las comunidades autónomas que no tienen lengua propia, como es el caso de Madrid. El otro 40% del currículo lo fijan las autonomías.

Así las cosas, la Comunidad de Madrid, aunque trabaja con borradores que han salido a la luz, no dispone del texto definitivo de los decretos y eso frena que pueda desarrollar la parte autonómica que le corresponde. Por eso el consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, insistía esta semana en la situación «absolutamente preocupante» por el retraso en la aprobación de los currículos educativos por parte del Gobierno central y daba por hecho que ya no hay tiempo para sacarlos adelante el próximo curso escolar. Y eso que considera que el Ministerio de Educación ha tenido tiempo desde que se aprobó la ley, en diciembre de 2020.

El único decreto que ha sido aprobado hasta la fecha ha sido el de Infantil, pero está por recibir el visto bueno del Gobierno el de Primaria, Secundaria y Bachillerato. «Una vez que se publique en el BOE tendremos que hacer un decreto autonómico que lleva unos trámites inevitables», sentenció el consejero.

Y es que, aunque la Consejería ya ha empezado a trabajar en la futura regulación, es necesario que el documento definitivo pase por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, posteriormente deberá recibir el visto bueno de una comisión jurídica asesora, el beneplácito de cada una de las consejerías y, por último, pasar a información pública en el portal de Transparencia. Todo este itinerario, de recorrerse por el procedimiento de urgencia, como está previsto, tardaría en torno a tres o cuatro meses.

La Consejería de Educación ha hecho sus cuentas y piensa que el desarrollo del Gobierno no estará listo antes de marzo, con lo que nos iríamos al mes de julio para ver cumplimentado el trámite.

Es por esto por lo que Ossorio ha solicitado al Ministerio de Educación que aplace un año la entrada en vigor de los nuevos currículos dados los plazos tan ajustados que se están barajando. La petición, de hecho, se ha formalizado por carta y aún no ha obtenido respuesta de la titular de Educación, Pilar Alegría. «Le pido a la ministra que busque una situación imaginativa, que para otros temas lo hacen en un momento», dijo Ossorio.

Para el consejero madrileño resulta «terrible» llegar a septiembre sin que los alumnos tengan libres y aventuró que, si estos no llegan a tiempo, el Gobierno de España y a la oposición de la Asamblea puedan señalarle como el culpable de que no haya libros en el arranque del curso escolar.

Una situación similar ocurrió cuando entró en vigor la Ley Wert, la norma educativa impulsada por el PP. Los ajustados plazos llevaron a tres comunidades autónomas: Andalucía, País Vasco y Cataluña a no aplicar la ley con el argumento de que no podían cumplir con el calendario to en la ley. Entonces dijeron que no iban a tener listos los desarrollos curriculares para poder implantar la reforma de la ley. La Comunidad de Madrid ha valorado también esta posibilidad en esta coyuntura, pero el redactado de la Lomloe no deja margen de maniobra alguno para un posible aplazamiento en la aplicación de la ley, cosa que sí permitía la «ley Wert».

A estos problemas con el despegue de la ley se unen las críticas de los editores de libros. La Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (Anele) ha expresado su preocupación por la tardanza en la aprobación de los decretos un año después de que se haya publicado la ley en el BOE. Los editores han hecho hincapié en el hecho de que esta situación impide que pueda iniciarse la elaboración y tramitación del desarrollo curricular en la parte autonómica.

«Las empresas asociadas a Anele tienen activados sus equipos editoriales y trabajan con total intensidad para tener disponibles materiales didácticos de calidad, impresos y digitales, adaptados a la nueva legislación cuando comience el próximo curso», aseguran en un comunicado. No obstante, han lamentado tener que realizar esta labor «en medio de la incertidumbre y la falta de información, situación que provoca un enorme sobreesfuerzo y dificulta la planificación». El temor de Anele se centra ahora en el hecho de que el retraso en la publicación de los currículos definitivos pueda hacer insuficiente este sobreesfuerzo y ponga en peligro la publicación a tiempo de los materiales didácticos, especialmente en aquellas Comunidades Autónomas que publiquen sus propios desarrollos curriculares con mayor retraso. «Esta situación podría, además, suponer un problema de planificación del profesorado y de aprendizaje de los estudiantes dado que la Lomloe supone un cambio muy profundo en los contenidos y en las formas de enseñar y aprender. Los libros y contenidos educativos se presentan, en este nuevo escenario, como herramientas de gran importancia para el desarrollo del nuevo currículo». Por eso creen que con este cambio, «las Administraciones autonómicas están obligadas a adaptarse». A esta medida se suma la supresión de impuestos propios, lo que convierte a Madrid en la única autonomía sin este tipo de tributos.