¿De qué hablamos cuando hablamos de la “Ley Celaá”?

La reforma educativa del gobierno de coalición PSOE-Podemos impulsa un modelo público único, con más cesiones a las autonomías en lo que afecta a la concesión de títulos y a lo que deben aprender los alumnos. El castellano pierde su condición de «vehicular». Por eso la ley acabará en los tribunales.

1. El castellano, relegado

El proyecto de ley atiende una demanda histórica de los nacionalistas: conseguir el beneplácito del Estado para que las lenguas cooficiales sean las que se utilicen de forma prioritaria en la educación. El castellano deja de ser vehicular en aquellas comunidades con lengua propia que, en la práctica, supone una confirmación legal de lo que ocurre en Cataluña, donde no se cumple la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que el 25% de las enseñanzas se impartan en catellano (dos asignaturas). El PSOE ha pactado el cambio con Podemos y ERC. Se ha interpretado como una cesión del Gobierno a los nacionalistas para conseguir su apoyo a los Presupuestos. La asignatura de Lengua Cooficial será renombrada como de Lengua Propia y Literatura.

2. Concertada, asfixiada

La ley elimina la «demanda social». Es decir, los centros concertados, donde estudian uno de cada cuatro niños, no podrán ampliar sus plazas aunque reciban más demanda si hay espacio para escolarizar a los alumnos en centros públicos. La Administración decide qué aulas se abren y se cierran en la pública y concertada y la educación se garantiza ofreciendo plazas públicas en los centros de nueva creación. El proceso de admisión de alumnos queda ahora en manos de una «comisión de escolarización» para distribuir al alumnado según considere, pero evitando guetos. No se podrá ofrecer suelo público para colegios concertados. Por otra parte, los colegios que educan a niños y niñas en aulas separadas no recibirán conciertos. Los partidos de izquierda consideran que es un modelo segregador, aunque el TC en 2018 dijo que no.

3. Educación especial, vaciada

Se apuesta por un modelo integrador de tal manera que niños con discapacidades puedan ser escolarizados en centros ordinarios. La oposición cree que lo que se pretende es provocar una muerte lenta de estos colegios hasta que se vayan vaciando poco a poco para que cuando no tengan alumnos se vean obligados a cerrar.

4. Cesiones a las autonomías

El Estado pierde peso a la hora de determinar el currículo básico. Pasa de fijar el 55% al 50%. La otra mitad queda en manos de las autonomías y los centros. Es por esto por lo que hay quien piensa que esto ahonda en la desvertebración del sistema.

5. Devaluación de títulos

Se traslada a las comunidades autónomas la responsabilidad de regular los criterios de promoción y titulación o de modificarlos y, en última instancia, a los centros educativos y los profesores. Los más críticos consideran que se vulnera el principio de igualdad. Se podrá tener el título de Bachillerato aunque se tenga una asignatura suspensa, lo que en el ámbito educativo se considera una «bajada de nivel» en la exigencia. El Bachillerato incluirá una nueva modalidad.

6. Religión, degradada

Se eliminan de la ley los aspectos que se consideran «más lesivos» de esta asignatura. No servirá para hacer media ni contará para una beca. Tampoco tendrá asignatura alternativa (materia espejo) como ocurre ahora, de tal manera que el alumno que no escoge Religión tiene que estudiar Valores. La reforma es una vuelta a la misma regulación que hubo para esta asignatura en la etapa de Rodríguez Zapatero. Se introducen conocimientos aconfesionales como Cultura de las Religiones, una demanda de los profesores de Religión.

7. Valores Cívicos y éticos

Se plantea como nueva asignatura para todos los alumnos, aunque se teme que se pueda convertir en la nueva Educación para la Ciudadanía. Los alumnos aprenderán la Constitución española y tendrán que aprender “Memoria Democrática”. También los alumnos se formarán en “empatía hacia los animales”, una aportación de nacionalistas y Más País.

8. Educación afectivo sexual

Se incluye en todas las etapas de manera trasversal. En Primaria, desde los 6 años. Además, se tratará de que haya equilibrio en las distintas ramas de estudio a partir de 4º de la ESO de tal manera que no haya sólo chicas en unas asignaturas y chicos en otra.

9. Etapa 0-3 gratuita

Se universaliza la educación gratuita en la etapa de cero a 3 años. Las autonomías irán incrementando progresivamente la oferta de plazas, pero sólo en la red pública. De ahí que las escuelas infantiles privadas y concertadas vean difícil su supervivencia.

10. Repetición

Como regla general no se repetirá, aunque el alumno tenga materias suspensas, si el claustro cree que el alumno puede continuar el curso siguiente con éxito. Sólo se permitirá repetir una vez, de manera excepcional, al final de cada etapa.

11. Profesorado

En el plazo de un año se presentará la regulación de su formación y su carrera docente. Los profesores con falta de rendimiento podrán ser trasladados a tareas que no requieran atención directa a los alumnos.

12. “Comisarios políticos” en coles

Habrá representantes municipales en los consejos escolares de todos los colegios, incluidos los concertados.