Moncloa ignora el desafío de Ayuso con los libros de texto

El Ministerio de Educación y FP no llevará al Gobierno de Díaz Ayuso a los tribunales por aconsejar a los centros educativos que mantengan los libros antiguos elaborados conforme a la «Ley Wert», en lugar de a la nueva reforma educativa (Lomloe). El nuevo secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, ha decidido pasar por alto la iniciativa, que el Ministerio interpreta como una forma de dilatar la implantación de la nueva ley educativa, porque considera que «los libros de texto son materiales de apoyo a la docencia, no son el currículo». Otra cosa sería que no se impartieran los nuevos contenidos conforme a la nueva ley que a partir del mes de septiembre entran en vigor en 1º, 3º y 5 de Primaria, 1º y 3º de Secundaria y 1º de Bachillerato. El Ministerio espera, no obstante, que los currículos elaborados por las autonomías, en la parte que les corresponde, se ajusten a la ley orgánica, aunque «estoy en una tesitura de optimismo porque no se han publicado aún», sentenció.

Ante las consultas recibidas por parte de los centros educativos, la Consejería de Educación pidió mantener los manuales que ya vienen utilizando por la «tardía» aprobación y entrada en vigor de los currículos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato por parte del Gobierno de España, lo que ha provocado que se retrase la tramitación de los decretos definitivos de las autonomías como Madrid. Esta situación ha provocado que en los borradores de libros conocidos hasta el momento no se hayan podido incorporar los contenidos definitivos que aporta la Comunidad de Madrid, ya que le corresponde elaborar un 40% del total. Aunque esta parte se está tramitando por la vía de urgencia, para su aprobación requiere el visto buenos de varios órganos y esto conlleva unos plazos.

Por otra parte, el programa Accede de gratuidad de libros de texto prevé la renovación de los manuales cada cuatro años y destinar 50 millones para renovar libros sin que recojan el contenido regulado por la Comunidad porque no ha dado tiempo se considera un gasto excesivo.

Lo que sí ha advertido el Ministerio al Gobierno de Díaz Ayuso es que «la inspección educativa no puede hacer de censora de libros de texto» después de que la presidenta regional anunciara que casi 200 inspectores revisarán de manera pormenorizada los contenidos de los libros del próximo curso para evitar adoctrinamiento. «Hay unos principios democráticos que deben ser respetados, que son la libertad de cátedra del profesorado a la hora de elegir los proyectos editoriales y la libertad de publicación de las editoriales», dijo Bar, para quien la censura es una forma de adoctrinamiento.