Adoctrinamiento

Madrid se rebela y mantendrá los libros de texto antiguos

Se suma a la iniciativa de Andalucía y Murcia, que seguirán con los manuales de la “Ley Wert”

Alumnos de un colegio
Alumnos de un colegioJUNTAEXJUNTAEX

Los docentes de los centros educativos son los que tienen potestad para decidir qué libros de texto estudiarán sus alumnos cada curso. Escogen los que consideran más adecuados de entre todas las editoriales que ofrecen manuales. El próximo curso académico toca renovar los libros para los alumnos de los cursos impares, según establece el calendario de implantación de la Lomloe o “ley Celaá” porque se implantan los nuevos currículos en 1º, 3º y 5 de Primaria, 1º y 3º de Secundaria y 1º de Bachillerato. Sin embargo, la Consejería de Educación

Comunidad de Madrid asegura haber recibido numerosas consultas de los equipos directivos sobre los nuevos libros después de que desde el propio gobierno de Díaz Ayuso se presentara un recurso ante el Tribunal Supremo sobre el currículo de Bachillerato elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez que, a su juicio, “está dinamitando el armazón en el que se sustenta la convivencia española”.

Es por esto por lo que, desde la Consejería, se ha remitido una circular a los centros para que mantengan los libros de texto para el próximo curso escolar que venían utilizando hasta ahora y que están elaborados conforme a la antigua “ley Wert”.

La causa tiene que ver con la “tardía aprobación y entrada en vigor de los currículos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato por parte del Gobierno de España, ha provocado que, en la actualidad, se encuentren en tramitación los decretos definitivos con la aportación de las comunidades”.

Esta situación ha provocado que en los borradores de libros conocidos hasta el momento no se hayan podido incorporar los contenidos definitivos que aporta la Comunidad de Madrid, ya que le corresponde elaborar un 40% del total. Aunque esta parte se está tramitando por la vía de urgencia, para su aprobación requiere el visto buenos de varios órganos y esto conlleva unos plazos.

“El Gobierno madrileño lleva advirtiendo desde hace meses de esta situación y de las consecuencias que podría acarrear los retrasos propiciados por el Ejecutivo central. De hecho, ya solicitó en diversas ocasiones, la primera en septiembre de 2021, al Gobierno central que aplazase al curso escolar 2023/24 la entrada en vigor de los nuevos currículos ante el temor de que los nuevos contenidos llegasen a tiempo”, aseguran desde la Comunidad de Madrid.

En comunidades autónomas como Andalucía, los editores de libros ya se han quejado de que el próximo curso, los alumnos van a seguir manteniendo los libros antiguos, conforme a la antigua Lomce o «ley Wert», ante la imposibilidad de llegar a tiempo para desarrollar los nuevos contenidos, a lo que hay que sumar el importante desembolso que supondría la renovación. Murcia no renovará los libros de texto de quinto de Primaria y primero de la ESO para adaptarlos a la Lomloe. Pero no era el caso de Madrid, que consideraba que los alumnos madrileños debían estudiar con el nuevo material escolar. Sin embargo, cumplir con la ley supondría un desembolso de 50 millones de euros para hacer frente al programa de gratuidad.

Gratuidad de libros

La situación afecta al programa de Gratuidad de los Libros ACCEDE, mediante el cual, las familias reciben de manera gratuita los libros de texto del curso siguiente a cambio de entregar los utilizados en el actual. El Programa de Gratuidad establece que los libros deben tener una duración de al menos cuatro años, con lo que “se ocasionaría un gasto extra al tener que cambiarlos en los próximos meses con contenidos actualizados”. De ahí que desde el Gobierno regional se recomienda que los centros educativos faciliten en septiembre a los usuarios de ACCEDE los libros que han cursado en el curso 2021/22.

La Consejería aclara, además, que la Ley educativa estatal detalla que “la adopción de los libros de texto y demás materiales no requieren de la previa autorización de la Administración educativa, por lo que serán los propios centros, en virtud de su autonomía, los que deban adoptar esa decisión”.