El mapa de la trata en Madrid: “Me obligaron a prostituirme en la calle Montera. Me vigilaban todo el tiempo”

“Mi nombre es Anna, soy de Rumanía y tengo 23 años. Estoy en España porque me obligaron a ejercer la prostitución”. Así comienza el relato del horror para esta joven para quien todo comenzó cuando conoció a un chico y se enamoró. Sin embargo, el amor se transformaría en una pesadilla en muy poco tiempo. “Este chico me amenazó y golpeó muy fuerte, obligándome a ejercer la prostitución”, dice Anna. “Metía hombres en casa para que tuviera relaciones sexuales con ellos, aunque yo no quisiera”. Después de unos meses en esta situación, la envió a España. “Llegué a Ciudad Real, donde me esperaba una mujer rumana. Ella me llevó a su casa, donde vivía otra chica rumana y su hija de 6 años”. En esta casa la obligaron a ejercer la prostitución, y la amenazaron con hacerle daño si acudía a la policía. “Decían que no les iba a pasar nada porque tenían familia importante y en Rumanía muchos amigos proxenetas que me podían hacer mucho daño”, asegura.

Estaba sola y sin recursos, ya que el dinero que ganaba lo tenía que mandar a Rumanía para el chico que la envió a España. Después de un mes en aquella casa, “me obligaron con amenazas de muerte a viajar a Madrid, y, una vez aquí, nuevamente me esperaba una mujer de origen rumano, que me llevó a un piso donde vivía otra chica rumana. En esta casa me dijeron que tenía que trabajar en la calle Montera y que me vigilarían todo el tiempo dos chicas”, explica. El dinero que ganaba lo repartía entre la mujer del piso donde vivía y aquel novio que se había convertido en su proxeneta.

En este punto, el relato de Anna lleva directamente a uno de los escenarios en los que se piensa al hablar de prostitución en Madrid: la calle Montera. Pero hay muchos más, desde la Colonia Marconi –donde actualmente se ponen 9 de cada 10 multas a clientes–, el Parque del Oeste o la Casa de Campo, hasta los clubs de carretera o, más recientemente, las casas y pisos. De hecho, desde que entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, y más aún con la pandemia de la Covid-19, estos espacios privados se han convertido en los lugares más prolíficos para el ejercicio de la explotación sexual de mujeres como Anna en ciudades como Madrid. Son espacios en los que la privacidad permite que haya menos control por parte de los organismos públicos y privados de las condiciones físicas y psicológicas de estas mujeres, pero también permiten tenerlas en el anonimato, lo cual facilita su explotación, sea cual sea su origen. Porque son latinoamericanas, españolas, africanas, asiáticas, europeas, pero las cifras no mienten: según la Asociación para la Prevención Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), más del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata o explotación sexual.

“No hay un perfil de mujer que pueda ser víctima de trata o prostituida”, dice a LA RAZÓN Rocío Mora, directora de APRAMP. “De hecho, si intentamos hacer un perfil nos dejamos a muchas fuera, y quitamos el foco de que cualquiera de nosotras, en una situación de extrema vulnerabilidad, puede acabar en una situación así”, asegura. Ejemplo de esto es la pandemia, momento en el cual las cifras aumentaron significativamente. “Las fronteras se cerraron, la población estaba confinada, pero todo siguió en marcha en la industria de la prostitución. La demanda seguía activa”, asegura Mora. Lo que sí señala la directora de la organización es que las mujeres cada vez son más jóvenes: “muchas de las mujeres atendidas por APRAMP no superan los 25 años”. En cuanto a las procedencias, “hay de todo”. Lo único que las une, en realidad, es haberse encontrado en una situación de vulnerabilidad, como puede ser el caso de un conflicto armado en su país de origen o la inestabilidad económica.

“Lo cierto es que cualquier situación de pobreza puede llevar a una mujer a caer en las redes de trata”, asevera Mora. Ahora mismo, atendidas por APRAMP en Madrid, hay mujeres de Colombia, de Venezuela, de Paraguay, de Rumanía. También de España. Atendiendo solo a los datos de Paraguay, APRAMP, entre todas las organizaciones que atienden a este colectivo en la capital, había rescatado y ayudado a 84 paraguayas en Madrid e identificado a 320 en el periodo de un año. Solo entre 2014 y 2017, se identificaron a 900 mujeres y niñas de Paraguay prostituidas en Madrid. Por otro lado, en casos como el de Anna, “la posibilidad de atravesar la frontera por vía terrestre hace que sea mucho más fácil para las redes de trata traer a las mujeres hasta Madrid, y, así, que el traslado y la explotación sea mucho más fácil y pase más desapercibido”, explica Mora. Y es que estas redes “buscan la invisibilidad en todo lo que hacen para poder seguir campando a sus anchas y sacar el máximo rendimiento a una materia prima fácil y vulnerable”, por lo que, tal como subraya Mora, “es necesario que la ciudadanía se dé cuenta de qué va esto, que seamos conscientes”.

Anna estuvo en esta situación en la calle Montera casi dos meses. Pero, un día, no pudo más. “Fui a la policía y denuncié”, señala. A partir de ese momento, su situación cambió. “Me pusieron en contacto con APRAMP, y ahora estoy muy bien y feliz, llevo casi 4 meses fuera, estudio castellano y voy a talleres de informática y costura, para formarme y poder encontrar un trabajo”, explica. Un final feliz que, sin embargo, no es igual para muchas, pero que solo se logra a través de la colaboración entre los organismos públicos y las asociaciones e iniciativas privadas. En este sentido, a finales de septiembre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero firmaba con APRAMP un convenio con el objetivo de desarrollar un programa de acompañamiento a los recursos sanitarios de Atención Primaria de las mujeres en situación de prostitución. De esta manera, la Comunidad de Madrid facilita que las mediadoras de APRAMP –quienes, en muchas ocasiones, son supervivientes de trata–, ofrezcan información, acompañamiento y mediación intercultural con estas personas durante su acceso a los recursos sanitarios. Todo ello, tal como señala el Gobierno regional, “con el fin de apoyar, evitar barreras como puedan ser las lingüísticas o del conocimiento del sistema sanitario que permitan establecer una adecuada comunicación entre los profesionales sanitarios y mujeres en situación de prostitución”.

“Es muy necesario ir creando puentes también con la administración pública”, confirma Mora, subrayando que es urgente, además, ir conquistando otros ámbitos para ofrecerles a estas mujeres la asesoría jurídica, psicológica y la educación social que necesitan. “Lo que tratamos es elevar todo lo que estamos viendo a la administración para que, poco a poco, se les vaya reconociendo y garantizando”, apunta. “Estamos hablando de personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad, y que, en muchos casos, tienen una deuda que pagar, por lo que no tienen tampoco recursos económicos para vivir de forma autónoma”, explica, subrayando que “la desinformación aquí juega un papel muy importante”. Por ello, desde APRAMP tratan de “servir de puente” cuando acceden a los lugares de ejercicio de la prostitución, ya sea en la calle, en pisos o en clubes. “Ellas tienen que saber cuáles son los derechos que tienen”, dice Mora, ya sea a nivel sanitario o jurídico. “Llegado el caso, facilitamos su derivación a los puntos de acogida que tenemos habilitados en la Comunidad de Madrid”, añade, en los cuales, además, se les ofrece “información en profundidad sobre su situación administrativa”.

Ejemplo de éxito

Un claro ejemplo de éxito, para Rocío Mora, fue cuando comenzaron a abrirse los corredores humanitarios tras el estallido de la guerra de Ucrania. “En aquel momento los medios de comunicación y la sociedad en general lo hicieron muy bien, porque, mientras estábamos todos alarmados por lo que estaba pasando y subrayando que era necesario actuar rápido, también se tuvo en cuenta que todo tenía que ser ordenado, porque precisamente en el caos que se genera en este tipo de situaciones es donde las mafias actúan”, explica. “En esta ocasión hemos podido ver cómo la prevención ha dado sus frutos. En Madrid, ahora mismo, en APRAMP hemos detectado ninguna mujer ucraniana que haya sido tratada para la explotación sexual, o, mejor dicho, los casos que hemos visto que podrían suponer un riesgo los hemos podido detectar rápido y los hemos podido proteger y ahora mismo no están en una situación de explotación en este momento”.