Almeida promueve 200.000 pisos frente a la Ley de Vivienda Frankenstein de Sánchez

La nueva Ley de Vivienda impulsada por los socios separatistas del Gobierno contiene una ristra de medidas intervencionistas pero ninguna de las que anunciaron pasa por la ampliación de la oferta inmobiliaria. Así, al menos, se desprende de la presentación que ERC y Bildu hicieron de la norma. Sánchez les cedió el testigo para que demonizaran a los propietarios después de la aciaga semana de presión a Ferrovial. La muestra de agradecimiento a ambos por su apoyo al proyecto se tradujo en la puesta es escena del aquelarre al tenedor de vivienda. El Gobierno Frankenstein ha hecho gala de intervenir los precios de los alquileres, centralizar las revisiones por parte del Estado, controlar el mercado inmobiliario, prohibir los desahucios sin fecha y hora, pero no de incentivar el mercado. Apelan los socios de Pedro Sánchez al derecho constitucional de la vivienda pero lo hacen recaer sobre los propietarios.

El presidente dejó a sus socios el anuncio que no gusta a propietarios ni a inquilinos y se reservó para sí mismo la parte del relato que más le gusta: pondrá a disposición de municipios y comunidades 21.000 viviendas e impulsará el alquiler social con las 14.000 ya habitadas de ese parque. Además, según dijo, promoverá la construcción de hasta 15.000 pisos públicos en suelos disponibles de la Sareb.

«No va a haber crecimiento en Madrid si los jóvenes no se pueden independizar o las familias no tienen viviendas adecuadas a sus necesidades», ha dicho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la presentación de nuevos desarrollos urbanísticos en la capital. Consciente de la dificultad de éstos para hacer frente al pago de una vivienda y de los efectos secundarios que tendrá la nueva Ley que se aprobará en el Congreso, ha decidido hacer de la vivienda una de las prioridades de la próxima legislatura, si como se prevé revalida el bastón de mando. Desbloquear desarrollos urbanísticos y ampliar la oferta de viviendas asequibles para mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos está ya sobre la mesa de su programa. Los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, los desarrollos del Sureste, la Operación Campamento, La Solana de Valdebebas, La Ribera de Calderón, la Operación Chamartín…son algunos de los doce proyectos desde donde la ciudad crecerá en torno a las 204.000 viviendas, de las que se estima que un 30 por ciento serán protegidas.

El proyecto del Ejecutivo Frankenstein deja en manos de las administraciones autonómicas, que tienen las competencias en esta materia, y en las municipales, los mecanismos para «evitar desahucios injustificados» o definir qué zonas son declaradas tensionada para fijar el tope del alquiler, entre otras. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que cumplirá con lo que le dicten sus competencias, pero no va a permitir el «empobrecimiento masivo» de los españoles, en referencia a las consecuencias de la última norma de Sánchez que pretende tramitar de manera exprés para influir en las elecciones autonómicas y municipales del 28-M.

La decisión del Gobierno ha incentivado el debate del problema del acceso a la vivienda que se convertirá en una de las cuestiones estrella en la recta final de la campaña electoral. Más allá de arremeter contra los propietarios y utilizar otra baza para amplificar el mantra de los pobres y los ricos, la izquierda en Madrid se debate entre exhibir propuestas realistas que minimicen las dramáticas consecuencias que se prevén tras la aplicación de las medidas de Sánchez o seguir la negra deriva de su decisión que aventuran los expertos.