El Ayuntamiento de Alcalá de Henares abrirá una investigación por contratos públicos adjudicados a familiares de concejalas del PSOE

Tras recopilar los datos mediante dos informaciones reservadas, el equipo de gobierno de Alcalá de Henares ha decidido llevar al pleno la apertura de una comisión de investigación para examinar la adjudicación de contratos públicos a familiares de dos concejalas del anterior gobierno socialista. La portavoz adjunta del gobierno, Orlena de Miguel, ha informado en una rueda de prensa que se ha identificado un posible conflicto de intereses en contratos menores, por un valor aproximado de 40.000 euros, adjudicados a empresas de comunicación y artes gráficas vinculadas a los familiares de las exconcejalas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra.

El gobierno local basa su acción en la Ley de Contratos del Sector Público, que en su artículo 16, apartado 1-g, prohíbe la contratación con el sector público a personas cercanas a cargos electos, incluyendo cónyuges, ascendientes o descendientes. De Miguel ha señalado que la investigación avanzará por dos vías: una judicial, para determinar las posibles responsabilidades legales, y otra política, a través de la comisión de investigación que se presentará en el próximo pleno municipal. Esta comisión buscará aclarar tres aspectos: la existencia de un conflicto de intereses, la participación de las concejalas en la obtención de los contratos y si se inició o no un procedimiento para resolver dicha situación.

En su intervención, De Miguel destacó la falta de explicaciones por parte del exalcalde Javier Rodríguez Palacios, algo que considera "habitual en el Partido Socialista". Asimismo, criticó lo que describió como una práctica recurrente en el PSOE de mezclar lo personal y lo familiar con lo público, haciendo referencia a otros casos que involucran a figuras del partido tanto a nivel local como nacional.

"Esperemos que en la Comisión de Investigación, Javier Rodríguez Palacios tenga a bien dar explicaciones", concluyó la portavoz adjunta.