Ayuso acelera la captación de grandes proyectos para convertir a Madrid en el oasis inversor

La semana en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta su plan para reducir trámites para nuevos proyectos empresariales, Ferrovial anuncia su intención de trasladar su sede social a Países Bajos y el Gobierno sale en tromba a criticar la decisión. Se podría maliciar una casualidad, un conjuro, una oportunidad para polarizar, pero el Gobierno regional ya había avanzado la medida antes del anuncio de la compañía. Ayuso ha impulsado su agenda internacional en la recta final de la legislatura para captar inversiones en la Comunidad. Se ha ocupado de vender las bondades de Madrid por el mundo en un periplo intenso con el que ha logrado captar inversores en Tel Aviv, Londres y otros destinos.

La Comunidad lidera la creación de empresas y no solo por su estratégica situación, su red de transportes y conectividad, también por la política impositiva de los populares, continuista con las medidas impulsadas por los distintos gobiernos del PP a lo largo de los últimos años. Las bajadas de impuestos aplicadas por el PP en Madrid la han convertido en el oasis inversor de España hasta el punto de que la izquierda ha calificado a la región como «paraíso fiscal», en varias ocasiones, en un intento desesperado por desacreditar a sus líderes. Para la izquierda, bajar impuestos es una «infame» estrategia. El mantra del Gobierno de Pedro Sánchez es «topar». Se topan los precios, se topan los salarios, se topa todo aquello que sirva para justificar el eslogan populista de «los ricos y los pobres».

La Comunidad de Madrid ha aprobado la creación de una aceleradora de inversiones que tramitará de manera rápida los proyectos de inversión. Y es que la complicación administrativa puede dar al traste con proyectos interesantes para la región, que capta una gran parte de los que llegan a España. Con el fin de evitar un posible estancamiento de la competitividad empresarial por obstáculos burocráticos, el nuevo organismo se encargará de agilizar los procedimientos administrativos, especialmente los generadores de puestos de trabajo. De hecho, tendrán prioridad aquellos que ofrezcan más de 50 empleos o cuya inversión inmobiliaria sea superior a 10 millones de euros. En estos casos, la tramitación irá por procedimiento de urgencia.

La medida completa el plan de atracción de inversión iniciado por el Gobierno de Ayuso desde el comienzo de la legislatura y con el que ha logrado traer tres nuevos centros de datos con una inversión de 5.300 millones de euros. Tras la pandemia, la popular ha viajado con este objetivo a Nueva York, Miami o Paris, además de sus últimas acciones, donde ha logrado para la región más de una veintena de proyectos. La confianza en Madrid, sus políticas fiscales y de atracción de inversión han cosechado un repunte económico que se traduce en un crecimiento del PIB del 5,7 por ciento en 2022, un 19,4 por ciento del total nacional. Una de las últimas rebajas fiscales fue aprobada para inversores extranjeros: la deducción en la cuota autonómica del IRPF para captar y retener a los que lleguen del exterior.

Frente a ello, la podemización del Gobierno ha ido creciendo a la vez que su discurso hostil contra el sector empresarial. El presidente y sus ministros contra Amancio Ortega, Juan Roig, Ana Botín y ahora, Rafael del Pino, no parece la mejor manera de incentivar la inversión y el desarrollo de las empresas. Sánchez ha ejercido de secretario general del PSOE en lugar de mantener el talante institucional de presidente del Gobierno, y se ha lanzado contra el presidente de Ferrovial en un episodio nunca visto en un jefe del Ejecutivo. Acusar a los representantes de una empresa de antipatriotas por trasladar su sede a un país de la UE cuando se saca pecho de europeísta parece una contradicción en sí misma. Varios miembros del Ejecutivo ya declararon la guerra a empresarios que generan empleo, a los que señalaron públicamente minusvalorando su esfuerzo y dedicación. La aplicación de medidas confiscatorias a través de impuestos como el de las grandes fortunas, han echado más leña a la tensión que se vive en este cambio de guion. Sánchez ha pasado de hacerse fotos con los presidentes del Ibex en aquellas reuniones preparadas de después de la pandemia, a afearlos, como ha hecho con el de Ferrovial. «Del Pino no es un empresario comprometido con España», ha dicho.

La persecución a compañías la inició el propio jefe del Ejecutivo con aquella alusión a los «señores del puro» que osaron criticar sus medidas y que él utilizó para apuntalarlas añadiendo a su argumentario que si los empresarios se quejan es que va en la buena dirección. A sus veladas referencias al presidente de Iberdrola y a la presidenta del Santander le siguieron los ataques de las ministras de Podemos a Juan Roig, propietario de Mercadona, al que calificaron de «despiadado capitalista» y a Amancio Ortega, demonizado por obtener extraordinarios beneficios.

A la distancia que el Gobierno ha puesto con los empresarios se suman las medidas recaudatorias improvisadas, al albur de los malos resultados de las encuestas electorales. La crítica directa del presidente a Del Pino no solo no ha ayudado a evitar el traslado. Por el contrario, han exacerbado un clima de tensión extraordinario que vuelve a poner a Madrid en el foco de la atracción.