«Menosprecio, gritos, llamadas telefónicas a deshoras, humillación frente a sus compañeros, boicot de su trabajo y degradación en sus funciones...». Estos son algunos de los motivos que alega el sindicato CSIF a la hora de justificar su querella por un, afirman, caso de acoso laboral por parte de varios mandos del Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, entre ellos el ex director del centro. ¿La presunta víctima? Una trabajadora afiliada a CSIF, experta en bioseguridad en el centro, y delegada del sindicato en dicho hospital. Unos hechos, afirman, que han sido confirmados por varios trabajadores, que a su vez también han interpuesto demanda contra el Gómez Ulla.

En una nota de prensa, el sindicato afirma que la denunciante, doctora en biología molecular y bioquímica, había prestado servicios bajo contrato en la planta 22/UAAN, desde el 16 de julio de 2015 como personal civil para llevar la Bioseguridad en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel. Así fue hasta el 31 de octubre de 2020, cuando fue cesada en plena pandemia del covid, «a pesar de la necesidad de expertos y todos los recursos posibles».

La querellante, experta en Bioseguridad, fue nombrada personal facultativo eventual como técnico titulado superior con horario de mañana, tarde, noche, rotatorio y con la finalidad de garantizar cobertura asistencial específica y el entrenamiento del personal de alto nivel de aislamiento y contención biológica, tras la creación de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel y la recepción de pacientes de alto riesgo biológico. Con su entrada, se empezó a implementar la formación en bioseguridad profesional del personal sanitario civil y militar, la gestión profesional de una instalación de alta contención, su laboratorio de contención biológica, y la «biocustodia», así como la inauguración de la citada planta 22 en octubre de 2015.

La doctora relata episodios que, presuntamente, «son compatibles con un trato abusivo, humillante y desconsiderado, en muchas ocasiones a gritos, sin recato alguno delante de otros compañeros y personal del hospital», afirman desde CSIF: llamadas telefónicas en horarios injustificados; criterios arbitrarios con guardias en periodos de vacaciones, o la decisión de privar a esta trabajadora de las «guardias de Bioseguridad». Precisamente, ante su reclamación, y siguiendo la jurisprudencia dictada por el Supremo, se le tuvieron que reestablecer las guardias. Sin embargo, tiempo después, «se las volvieron a retirar incumpliendo lo dictado por ley, y siendo estas guardias repartidas «entre dos militares de la UAAN».

A esto su sumaría «una actitud de boicot al desempeño del trabajo, promoviendo la discordia con el resto del personal sanitario, infravalorando su trabajo, con un trato discriminatorio y vejatorio».

Desde los servicios jurídicos de CSIF se sospecha que este trato «puede deberse a su designación como delegada del sindicato y su condición de personal civil en un hospital militar de referencia». Con todo, «lo más relevante, a efectos de daño moral y reputacional, fue el boicot a los protocolos de seguridad dotados por nuestra delegada».

Pidió medidas estrictas contra el coronavirus

►El sindicato CSIF recuerda que la denunciante fue una de las «primeras expertas» que pidió el cierre de fronteras por el covid. Fue el 10 de marzo de 2020, en una rueda de prensa en la que se realizaron diferentes propuestas para endurecer la contención del coronavirus en las administraciones y servicios públicos. Su papel dentro del sindicato es, según el punto de vista de CSIF, uno de los motivos por los que fue «degrada», hasta el punto de «eliminar su puesto de trabajo (su despacho), dejándola en el pasillo sin puesto a donde ir y, posteriormente, teniendo que ser trasladada a una sala de reuniones del departamento de Recursos Humanos del Hospital, para hacer público el castigo».