Los guardias civiles en Madrid exigen a Interior un refuerzo de 2.000 agentes y un plus de capitalidad

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclama al Ministerio del Interior refuerzos inmediatos y mejores condiciones laborales, incluyendo incentivos económicos y la declaración de profesión de riesgo para los guardias civiles AUGC lleva tiempo alertando sobre el preocupante déficit de efectivos en la Comunidad de Madrid, donde se necesitan al menos 2.000 agentes adicionales entre seguridad ciudadana y especialidades para cubrir las crecientes demandas de seguridad. Esta situación deja a la región en una posición de vulnerabilidad, aumenta la carga de trabajo de los guardias civiles y dificulta su labor de protección a la ciudadanía.

Desde AUGC afirman haber denunciado en reiteradas ocasiones la escasez de guardias civiles en la Comunidad de Madrid. En diciembre de 2024, solicitaron, afirman, al Ministerio del Interior un refuerzo de 1.600 agentes de seguridad ciudadana y 400 para especialidades, alegando que las plantillas actuales son insuficientes para la demanda existente. Asimismo, en junio de 2024, la Asamblea de Madrid aprobó una propuesta instando al Gobierno a aumentar el número de efectivos y mejorar sus condiciones laborales, destacando la necesidad de declarar la profesión de guardia civil como “profesión de riesgo”. El déficit actual de efectivos está directamente relacionado con las dificultades de atraer y retener a agentes en Madrid, que se enfrenta a problemas como el elevado coste de la vivienda y vida. De ahí la necesidad de un plus. "Desde AUGC señalamos que para hacer de la Comunidad un destino atractivo para los guardias civiles es imprescindible establecer incentivos profesionales y económicos, como la implementación de un plus de capitalidad y la consideración de la profesión como grupo de riesgo" sentencian. Un déficit que evidencia la necesidad de un plan integral de refuerzo por parte del Ministerio del Interior. La falta de personal está afectando gravemente la capacidad de respuesta en tareas esenciales como la vigilancia en zonas rurales, el control del tráfico o la atención en emergencias. Esta carencia no sólo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, aseguran, sino también la de los propios agentes, quienes deben enfrentarse a situaciones de alta presión con recursos limitados, generando una carga excesiva de trabajo.