Guerra abierta por el decanato en el Colegio de Arquitectos

El hasta ahora decano del Colegio de Arquitectos (COAM) y uno de los aspirantes a revalidar el cargo en las elecciones de la institución el 27 de mayo, Sigfrido Herráez, ha anunciado que recurrirá a los tribunales después de que el presidente de la Mesa Electoral le haya comunicado que rechazará su candidatura al considerar que «no ha habido imparcialidad» y sí «nepotismo» en la decisión al privarle, además, de un derecho constitucional.

Herráez cree que en esta decisión no ha habido imparcialidad debido a que el presidente de la Mesa Electoral, Luis de la Rica, es tío político de la mujer del candidato rival, Jesús San Vicente. Esta circunstancia llevó a uno de los colegiados a solicitar a de la Rica que se abstuviera a la hora de pronunciarse sobre la validez de las candidaturas en un escrito de recusación presentado al Colegio. Y no solo eso, escribió una carta exponiendo la situación ante la «sospecha de que pudiera tomar decisiones no imparciales que enturbiaran el proceso electoral». Herráez ha avisado de que emprenderá acciones judiciales a partir del lunes, cuando está previsto que Luis de la Rica proclame las candidaturas oficialmente en la que, previsiblemente, se dará solo como buena la de Jesús San Vicente, al haber descartado la de Herráez.

El hasta hora decano del colegio ha manifestado a LA RAZÓN que iniciará dos procesos: uno penal, contra el presidente de la Mesa Electoral, «por hacer caso omiso de los tres informes jurídicos que presentamos y que avalan que puedo ser candidato sin explicación de ningún tipo». Asimismo, solicitará medidas cautelarísimas sobre el proceso, con lo que un juez tendrá que determinar si las elecciones se suspenden o retrasan.

Del mismo modo, ha puntualizado que «no se ha tenido en cuenta, como en las dos elecciones anteriores, al asesor del Colegio de Abogados», como ha ocurrido en las dos elecciones anteriores. Así, «el presidente de la Mesa nos ha convocado el próximo lunes a las 19:00 horas para proclamar la candidatura de su sobrino», lamentó.

La disputa tiene que ver con una cuestión de tiempos de gobierno. Los Estatutos del Colegio Oficial de Arquitectos prevén que el mandato de la Junta de Gobierno será de tres años y solo puede ser elegida un máximo de dos mandatos, es decir, de seis años. Herráez ha estado al frente de la institución durante cuatro años y medio a lo largo de dos legislaturas. La primera fue de año y medio, el tiempo que completó el mandato de su antecesora, Belén Hermida, que dimitió tras una moción de censura en 2020. Herráez se presentó de nuevo a las elecciones y fue reelegido para ostentar el cargo que ha venido desempeñando estos tres últimos años. Por eso considera que estaría en disposición de gobernar al menos otro año y medio más para culminar el límite de seis años que marcan los estatutos.

Su rival, Jesús San Vicente, hace otra interpretación diferente de los estatutos, quien opina que el artículo 30.5 deja claro que «las candidaturas solo se consideran no completas en el caso de que una persona acceda en el último año de legislatura». Sostiene de Herráez accedió en el último año y medio, lo que le dejaría fuera del proceso.

La candidatura de Herráez presentó a la Mesa electoral un dictamen del despacho de abogados de José Antonio García Trevijano, sobre los límites temporales que afectan a las candidaturas electorales en el que le da la razón sobre el desempeño de un mandato incompleto «porque ya hay legislación al respecto». Y pone como ejemplo varias sentencias que habrían dado la razón a personas que se han visto en situaciones similares a la de Herráez, en las que la Justicia ha fallado a su favor. El informe del abogado concluye que «es claramente elegible quien haya desempeñado -por sustitución- el último año y medio de una legislatura, más los tres años de la segunda pues, aunque el año y medio se compute, no se alcanzarán seis años, sino solo cuatro años y medio». En caso contrario, se trataría de «fraude de ley».

San Vicente cuestiona que Herráez haya solicitado dos opiniones y un dictamen a abogados de reconocido prestigio para que avalen su candidatura a nivel particular cuando dos de ellos están contratados por el COAM para resolver conflictos jurídicos del colegio profesional, lo que siembra dudas sobre su imparcialidad, según relata. Y Pone el acento en otro asunto: el hecho de que Herráez presentara «precipitadamente «esos avales jurídicos que respaldarían su elegibilidad a la Mesa Electoral, «es un intento de coacción y corrupción éticamente inadmisibles, pues ésta solo se debiera pronunciar una vez comprobado el hecho objetivo de presentación de candidaturas. Las reglas deben ser iguales para todos». De ahí que considere que Herráez «está jugando con las cartas marcadas».

San Vicente también cree que Herráez «ha abocado al COAM a una crisis innecesaria» y tacha de «intento de coacción inadmisible» hacia la Mesa Electoral, que hasta el lunes no hará público, de manera oficial, si Herráez puede o no presentarse a las elecciones (aunque éste afirma haber recibido una carta de la Mesa afirmando que queda descartado como candidato) con el anuncio de acciones legales contra el presidente de la Mesa Electoral. «Herráez está abusando de su cargo para ejercer presión enviando cartas con instrucciones al presidente de la Mesa y cartas amenazantes cuando ha supuesto que no iba a seguir sus directrices». Añade que las acusaciones de nepotismo «son falsas. La afirmación de que el presidente de la Mesa Electoral es mi tío atenta contra el honor de ambos y me reservaré el derecho de emprender acciones legales», puntualiza.

Otros miembros de la Junta de Representantes se han manifestado en términos similares y han criticado «las presiones éticamente inadmisibles» de Sigfrido Herráez en el proceso. «A los tribunales se va cuando hay resoluciones internas firmes», dicen.