La Ley regional permitirá hasta 20.000 nuevos pisos de alquiler

El pasado mes de junio, la Comunidad de Madrid aprobó su proyecto de Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida. Una iniciativa que buscaba liberar en todo el territorio regional 1,8 millones de metros cuadrados de suelo de oficinas para poder convertirlos en 20.000 nuevos hogares, tras cambiar el uso de terciario a residencial. Eso sí, siempre que esas viviendas fueran destinadas al alquiler y sujetas a algún tipo de protección. Tras su aprobación, se abrió un plazo de cuatro meses a los ayuntamientos para decidir su aplicación. Y en lo que se refiere a la capital, el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, presidida por Borja Carabante, estaba pendiente de un análisis sobre su alcance.

Primera fase de 7.500

Ya tienen un dictamen: la nueva ley regional permitirá a la capital contar con 7.500 nuevos pisos protegidos de alquiler en una primera fase, cifra que podría elevarse hasta las 20.000 conforme vaya avanzando la construcción de los nuevos desarrollos en la capital.

Así lo anunciará hoy el propio Carabante en Junta de Gobierno, que avanzará también que la aplicación de la ley será elevada al Pleno municipal de este mes de octubre, donde bastará el voto del PP para que salga adelante.

A la hora de llevar a cabo su evaluación, el Ayuntamiento de Madrid valoró, en primer lugar, los ámbitos de la ciudad en los que, por la calificación de suelo (Terciario-Oficinas) sería potencialmente aplicable la nueva Ley 3/2024. Así, se incluyeron las parcelas con calificación expresa de este uso, bien sea exclusivo o en concurrencia con otros usos cualificados.

Del mismo modo, se ha tenido en cuenta el estado de la urbanización de los ámbitos y el grado de construcción de las parcelas para su posible transformación viable, ya que la Ley regional, señalan desde Cibeles, «exige la presentación de las solicitudes de licencias en un plazo de dos años en solares finalistas o parcelas de ámbitos en situación de simultaneidad urbanización/edificación». Por contra, se han excluido los ámbitos de uso industrial, al considerar que no son adecuados para el desarrollo de viviendas.

Así, y siempre bajo estas condiciones, el equipo de Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida estima que, con la aplicación de la ley, podrían edificarse, al menos en una primera fase, 7.464 viviendas, las cuales irían de forma mayoritaria a los distritos de Hortaleza, Vicálvaro y Villa de Vallecas.

El reparto concreto por distritos quedaría de la siguiente forma: en Hortaleza, 3.725; en Vicálvaro, 2.092; en Villa de Vallecas, 1.032; en Arganzuela, 196; en Retiro, 130; en San Blas, 121; en Villaverde, 90, en Barajas 42 y en Moncloa-Aravaca, 36.

Almeida en Bruselas

Precisamente, la vivienda fue el tema en torno al cual orbitó la comparecencia del alcalde de Madrid ayer en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones en Bruselas. Un encuentro que contó con líderes y representantes regionales y locales de toda Europa y en el que se abordaron «temas cruciales para los territorios desde diferentes perspectivas y experiencias», como explicaron en el Ayuntamiento.

Así, durante su visita al Parlamento Europeo, y con la presencia de con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, el alcalde hizo hincapié en el problema que supone la oferta de vivienda en las ciudades y, sobre todo, en las capitales. Así, planteó como una de las soluciones el «facilitar la financiación para que se pueda construir vivienda lo más rápido posible», además de otras cuestiones relativas a las viviendas de uso turístico que diversas plataformas digitales comercializan, aunque sean productos ilegales.

El regidor recordó asimismo que el Ayuntamiento que preside gestiona, a través de EMVS Madrid, más de 8.650 viviendas destinadas a alquiler asequible. Un patrimonio que, desde 2019, se ha incrementado un 38 %.

Por último, el alcalde subrayó que hay que concienciar a las instituciones europeas de que «las ciudades están en primera línea de los grandes debates que hay en la sociedad», motivo por el cual «debemos tener financiación suficiente para poder abordarlos».