Multados cuatro vecinos de Montecarmelo por protestar por la tala de árboles

Al menos cuatro vecinos del barrio madrileño de Montecarmelo han recibido sanciones de cien euros por protestar durante la tala del parque que lleva el nombre del barrio, donde el Ayuntamiento de Madrid pretende construir un cantón de limpieza.

Según ha detallado en un comunicado la asociación de vecinos de Montecarmelo y la Plataforma de Afectados por el Cantón, las multas, notificadas en los últimos días, coinciden con el aniversario del registro de 14.000 firmas en el Ayuntamiento en defensa de esta zona verde.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de abril a primera hora de la mañana, cuando varios vecinos fueron identificados por la policía municipal mientras se encontraban en una zona ya talada del parque.

Según las notificaciones, las sanciones se imponen por "remover vallas o elementos fijos" colocados por los cuerpos de seguridad, una versión que los afectados niegan.

En este sentido, ambas asociaciones han asegurado que los testigos afirman que los vecinos únicamente paseaban por la zona, sin alterar ningún dispositivo policial.

Las multas llegan en pleno conflicto entre el Consistorio madrileño y los colectivos vecinales, que desde hace más de un año se oponen al desmantelamiento del parque para instalar un cantón de limpieza.

La Plataforma de Afectados por el Megacantón y la Asociación Vecinal de Montecarmelo han recordado que, a pesar de haber presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por la tala durante la época de anidación, otra por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos, y una tercera solicitando la paralización de las obras tras el fallo judicial, el parque "solo ha recibido atención municipal en forma de motosierras y excavadoras", según ha criticado el portavoz vecinal Paco Arranz.

Por su parte, Charo del Campo, presidenta de la asociación vecinal, ha criticado el abandono de servicios esenciales como un centro de salud o una biblioteca, frente a la celeridad para imponer una central de residuos que incluso un juez ha rechazado.

Los colectivos siguen insistiendo en reubicar la infraestructura a una zona industrial próxima, a menos de dos kilómetros, con mejores accesos y sin afección a zonas residenciales ni escolares.