Otra sentencia avala la gestión de Ayuso en las residencias durante la pandemia

Después de que Más Madrid haya exigido al Gobierno de Ayuso que haga públicas las actas policiales sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia y amenazara con trasladar a la comisión de Venecia toda la información sobre la gestión que se hizo para que abra una investigación, el Ejecutivo autonómico no para de recibir autos judiciales que avalan su gestión.

Ayer se conoció un nuevo auto de la Audiencia Provincial de Madrid que desestima definitivamente el recurso de apelación interpuesto por «Marea de Residencias» en relación con la muerte de dos personas en residencias de Parla.

Se trata de la causa número 19 sobre esta cuestión archivada en los tribunales. En esta ocasión, los argumentos que esgrime la Sección 1 de la Audiencia Provincial son contundentes. Para empezar, deja claro que la fase de instrucción ha sido «especialmente exhaustiva con informes médicos, la testifical de los facultativos que atendieron a los fallecidos». A partir de ellos deduce que «la atención desplegada fue la adecuada" y que "En todo momento los posteriormente fallecidos estuvieron atendidos con los conocimientos que en ese momento se tenían ante una enfermedad nueva que produjo un colapso sanitario, adoptándose las medidas que en cada momento se consideraban adecuadas e incluso con consejo y administración de medicación facilitada por los centros hospitalarios».

Una actuación diferente con los fallecidos en la residencia tampoco hubiera evitado su muerte, según concluye la Audiencia. «No consta que una derivación hacía los mismos hubiera dado lugar a un resultado distinto, pues como se ha señalado los hospitales se encontraban colapsados y posiblemente su atención era más adecuada en los servicios médicos de las residencias en las que se encontraban. No se ha acreditado ni se va a poder acreditar a través de toda la prueba solicitada que haya existido una desatención y un nexo causal de la misma con el resultado final, por lo que procede mantener el archivo acordado», expone.

El auto también concluye que las personas que se encontraban en las residencias de mayores no se encontraban desamparadas ni en peligro manifiesto ni grave sino «internas en residencias con asistencia médica». Más aún, alude a que un traslado de la residencia al hospital no habría mejorado necesariamente la situación de estos mayores «al no existir capacidad para albergar a todas las personas afectadas, con lo que su situación se podría haber agravado», detalla el auto.

Hace unos días, la ministra de Sanidad, Mónica García, volvió a acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de «ocu1tar» las actas que realizó la Policía Municipal en las residencias durante la pandemia y afirmó que estos documentos «confirman los protocolos de la vergüenza» para no derivar a usuarios de geriátricos a los hospitales durante la primera fase de la pandemia.