La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en un desafío creciente en España, generando preocupación ciudadana en numerosos municipios. Lo que antes se consideraba un fenómeno marginal ha evolucionado hasta convertirse en una realidad que afecta la seguridad y la convivencia vecinal.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Pinto ha puesto en marcha una medida pionera: exigir documentación que acredite la legalidad de la okupación de una vivienda como requisito obligatorio para empadronarse. La iniciativa busca establecer un control más riguroso sobre el padrón municipal, impidiendo que se utilice como vía para legitimar okupaciones irregulares.

Los solicitantes deberán presentar títulos jurídicos válidos, como escrituras de propiedad, contratos de alquiler vigentes o recibos que demuestren su condición legal de ocupantes. Esta medida pretende cerrar el paso a empadronamientos fraudulentos que, en muchos casos, dificultan los procesos de desalojo y generan inseguridad entre los propietarios.

La propuesta forma parte de un acuerdo político entre el Partido Popular y Vox, en el marco de los presupuestos municipales de 2025. El alcalde de Pinto, Salomón Aguado, ha subrayado que, aunque los ayuntamientos no pueden modificar la legislación estatal sobre okupación, sí tienen competencias para regular el empadronamiento: “Es una herramienta que podemos utilizar para proteger a nuestros vecinos”, ha declarado a COPE.

Además del endurecimiento documental, el plan contempla la formación especializada de la Policía Local en procedimientos legales relacionados con usurpación, allanamiento y desahucios exprés.