107 detenciones e investigaciones por extracción ilegal de agua

“El agua es de todos y debemos tener conciencia”. La situación geográfica de España acarrea problemáticas medioambientales que se traducen, constantemente, en incendios forestales y escasez de agua. “Un importante daño sustancial del territorio” que desemboca en la comisión de delitos como la distracción de aguas-usurpación y la defraudación de la misma, tal y como afirma la sargento Ana Prieto, de la Jefatura del SEPRONA.

La utilización de los recursos hídricos en el entorno mediterráneo, en general, y en el país ibérico en particular, sumado a la sustitución de cultivos de secano por regadío, acarrea una sobreexplotacion y una exigencia de grandes cantidades de agua, que van de la mano con una “contribución total y directa con el cambio climático”. Y es por esto, por lo que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, en el marco de la operación MIZU, han intensificado la vigilancia y el control de los acuíferos subterráneos y superficiales de naturaleza ilegal.

Durante cinco meses, el conjunto del territorio nacional se ha visto envuelto por estas actuaciones, basadas en la localización de pozos ilegales y en la investigación de extracciones ilícitas de dicho fluido. Actualmente, se han realizado un total de 1.800 inspecciones, en las que se han detectado 1.457 instalaciones ilegales, en concreto 1.410 pozos-sondeos y 47 balsas, acompañadas por la detención e investigación de 107 personas, presuntamente culpables. Actuaciones entre las que la Benemérita destaca las realizadas en el Acuífero del Parque Nacional de Doñana, en la que se detectaron 28 excavaciones y 37 pozas ilegales; en Murcia en la que se localizaban y precintaban 38 plantas desalobradoras y 35 hoyos irregulares; y en la localidad onubense de Lucena del Puerto, en la que se clausuraban 77 perforaciones.

Igualmente, se han formulado 2.198 infracciones, una gran parte de ellas catalogadas como incumplimientos a la normativa sobre aguas y al reglamento sobre minas y urbanismo y ordenación del territorio. Todo ello, con la colaboración de diferentes autoridades y administraciones, como los Organismos de Minas de cada Comunidad Autónoma, las Condeferaciones hidrográficas y los distintos Ayuntamientos.

El habitat natural no es la única damnificada de tales ejercicios irregulares. Este tipo de perforaciones en el pavimento suelen poner en riesgo tanto al ser humano como a las especies animales, “el simple hecho de pisar una zona donde se halle un agujero que no divisamos a simple vista, puede producir cierta peligrosidad para esa vida”.

El ejemplo que mejor refleja las dimensiones de este problema, fue el mediático “Caso Julen”. Hace ya un año, el pequeño de 2 años caía en un pozo de prospección, mientras jugaba en una parcela de Totalán, un pueblo de la ciudad de Málaga. El niño falleció en el acto, aunque transcurrieron 13 días hasta que se rescatase el cuerpo.

Hasta el pasado martes, el juicio de este suceso no llegaba a su fin. El dueño de la finca era condenado a un año de prisión y a pagar una indemnización de 180.000 a los padres, tras declararse culpable de la muerte del menor por imprudencia grave.