Centros escolares generadores, y repartidores, de energía

El inicio del curso en los institutos de enseñanza media valencianos será el momento en que, además de que vuelva a clase todo su alumnado, arranque el proyecto que va a dotar a los centros de una función extra: la de generar energía eléctrica limpia para su autoconsumo y, también, para el de las familias vulnerables del entorno.

Es el programa “ZERO, energía de proximitat”, que han elaborado las consejerías de Educación y de Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana. Consiste en la instalación de paneles fotovoltaicos para producir energía eléctrica para autoconsumos colectivos, que harán posible dos cosas: por una parte, satisfacer las necesidades energéticas de los propios centros; y, por otra, repartir los excedentes generados entre familias vulnerables del entorno.

Así, estos centros de enseñanza serán «plantas fotovoltaicas públicas, urbanas, descentralizadas y de proximidad», como expresó la consejera de Educación de la Generalitat, Raquel Tamarit, en la presentación del proyecto a los equipos directivos de los centros.

Por su parte, la consejera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, puso de relieve que se trata de «una propuesta transformadora, transversal, social e innovadora ante la urgencia de desarrollar una fórmula de transición energética con un importante componente de economía social».

Las palabras de ambas consejeras definen cómo ha sido el origen y desarrollo intelectual del programa programa y cuáles serán sus resultados una vez que vayan comenzando a funcionar las instalaciones.

El programa Zero, energía de proximidad, se desarrollará en tres fases. En la primera se instalarán paneles fotovoltaicos en 114 centros de 71 poblaciones de las tres provincias valencianas.

Con un presupuesto para esta primera fase de 14,47 millones de euros, el autoconsumo energético permitirá ahorrar casi 7 millones de euros anuales de las facturas de luz de los 114 centros y de las familias beneficiarias en conjunto, y la previsión es que la inversión, de dinero público puesto que es un proyecto propio de la Generalitat de Valencia-, se amortice en dos años aproximadamente.

Las plantas tendrán una capacidad de generación de 120 kWp (kilo vatios pico) y la energía limpia generada en esas 114 instalaciones supondrá un ahorro de 9.000 toneladas de C02. Cuando los 360 centros previstos tengan sus instalaciones, la cifra de emisiones ahorradas será de 58.000 toneladas.

Y abastecerán de electricidad a entre 5.000 y 7.000 familias vulnerables.

Un proyecto transversal

Más allá de las cifras, el proyecto es interesante por cómo se ha desarrollado la idea.

Pedro Fresco, director de general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, es uno de sus artífices y conoce el proceso de primera mano. «Primero definimos el tipo de edificios públicos con superficies aptas para instalar plantas de autoconsumo, donde se desarrollaran actividades poco intensivas en energía y situados en zonas con suficiente población en situación de pobreza energética alrededor».

Estos edificios resultaron ser los institutos de enseñanza media, «tienen grandes cubiertas, son construcciones de no más de tres pisos, prácticamente solo necesitan energía para la iluminación, y están una parte del año cerrados, por vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa, fines de semana, etc.».

A partir de ahí, continúa Fresco, «encargamos en estudio para analizar el potencial de las cubiertas de los 360 institutos públicos de la comunidad valenciana y calculamos sus necesidades energéticas. Entre todos, sumaban una superficie de más de 1.300.000 m2 de cubiertas. Suficiente para instalar 160 MW. Que, además de muchísimo, es teórico. Porque hay que descartar edificios protegidos, cubiertas no aptas, etc. En todo caso, teníamos capacidad potencial de sobra para cubrir las necesidades de los centros y quedaba aun margen para generar los excedentes necesarios para distribuir a las familias vulnerables». Otro dato del estudio: «de los 5 millones de habitantes de esta comunidad, 2,9 viven a 500 metros de un instituto y, de ellos, el 18% están en situación de pobreza relativa. Que son muchísimas personas».

Con todo ello «hay que ponerse a trabajar. Los 114 primeros elegido son los que tienen más población vulnerable alrededor, centros ya interesados en instalar fotovoltaica, etc.». Para Fresco, el proyecto tiene varios valores claros: «además del climático y social, es transversal, requiere la colaboración entre administraciones y es perfectamente replicable en cualquier parte de España, donde diría que es pionero».