Temor en la industria auxiliar del coche eléctrico por el plan europeo del automóvil

El sector europeo de la automoción no logra salir de la crisis en la que se encuentra sumido y, con la irrupción en el mercado del coche 100% eléctrico chino y los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a países como México, Canadá o China, los augurios no son favorables. Para reconducir la situación, Bruselas presentó el miércoles un plan de choque que apuesta por la producción de coches «made in Europe» y relaja el calendario de cumplimiento de los objetivos de emisiones de CO2.

Este año empezaba a aplicarse la norma para que las flotas de coches comercializadas en Europa no excedan los 93,6 gramos de CO2 por km, pero la industria se librará de las multas en 2025, ya que la Comisión Europea planea alargar el plazo para cumplir el límite de uno a tres años. ¿El problema? Esa flexibilización que hace respirar a los fabricantes no ha sentado igual de bien a todo el sector de la automoción y, en especial, genera preocupación en el ecosistema del vehículo eléctrico.

Chris Heron, secretario general de E-Mobility Europe (antes Asociación Europea de la Movilidad Eléctrica), indica que «la medida anunciada retrasará significativamente el despliegue de vehículos eléctricos en Europa en los próximos dos años. Esa incertidumbre es una mala noticia para los inversores en infraestructura de recarga de la UE, la producción de baterías y la e-movilidad en general».

En su opinión, «cambiar las normas a mitad de 2025 es injusto para los fabricantes de automóviles que trabajaron para cumplir la ley de buena fe». Y «que Europa ralentice su transición hacia el vehículo eléctrico dejará la puerta abierta de par en par a que China continúe como líder indiscutible del mercado, poniendo en peligro la creación de empleo a largo plazo».

La Asociación española de Operadores de Recarga Ultrarrápida también manifiesta su malestar y considera que «cualquier modificación en los estándares europeos puede afectar negativamente la inversión en infraestructuras de recarga y comprometer el avance de la movilidad eléctrica en España y en toda la UE». Particularmente en el caso de España, segundo mayor productor de vehículos en la Unión Europea, la entidad considera que «es esencial que se mantengan los objetivos previamente fijados, sin modificaciones, para garantizar la seguridad jurídica que respalde las inversiones en la electrificación del transporte por carretera».

No es ningún secreto que esta industria «aún se encuentra en una fase incipiente», dicen, «por este motivo es crucial que las decisiones políticas que se adopten en el seno de la Unión Europea garanticen predictibilidad, de modo que se mantenga la confianza de los inversores en un sector innovador, con alto valor añadido, que tiene el potencial de convertirse en un motor clave para una industria europea más soberana, tecnológica y sostenible».

Cristian Quílez, responsable de Transporte y Movilidad de Ecodes, coincide en que «el plan debe dar certidumbre» y que «dar marcha atrás en regulación y objetivos sólo hará perdedora a la industria, a los consumidores y al clima, en un contexto de dependencia de EE UU, China y Rusia». Además, señala que «los intereses de quienes promueven alternativas a la electrificación, contaminantes e ineficientes, no pueden anteponerse al interés común».

Según Quílez, «necesitamos mantener los límites y las normas de emisiones aprobadas, apoyar la demanda de vehículos eléctricos europeos, unificar criterios de importación para que todos juguemos con las mismas reglas, impulsar la electrificación de las flotas de empresa, avanzar en una fiscalidad verde del sector y promover un sistema de etiquetado de vehículos europeo».