Vox registra una PNL para garantizar los conciertos educativos hasta 2027 en la Región de Murcia

El diputado regional de Vox Pascual Salvador ha registrado en la Asamblea una Proposición No de Ley (PNL) para garantizar el mantenimiento de los conciertos educativos hasta, al menos, 2027, informaron fuentes del partido en un comunicado.

Salvador ha explicado que el objetivo de su iniciativa, que la formación ha elevado a todos los parlamentos autonómicos en los que tiene representación, es garantizar los conciertos vigentes en todos los niveles de la educación durante los próximos años.

Asimismo, la PNL persigue que la ampliación del plazo de duración del concierto educativo sea a instancia del propio centro dentro del plazo de un mes, a contar desde la publicación de la norma reglamentaria en el diario oficial correspondiente.

La propuesta incluye el efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2021, sin que la aprobación de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como ‘ley Celaá’, “pueda expoliar los derechos al efecto concedidos”.

En este sentido, Salvador ha destacado “la necesidad de defender a los concertados ante la ofensiva de la extrema izquierda y del separatismo contra el derecho a la educación de las familias”.

A su juicio, la ‘ley Celaá’ “ataca abiertamente el régimen de conciertos educativos y ayudas a los colegios privados”, y fue aprobada “con el voto favorable de partidos socialistas, comunistas y separatistas”.

“El mayor recorte de derechos educativos de la democracia y que atenta directamente contra el derecho a la educación de cientos de miles de alumnos”, ha insistido el diputado de VOX.

El parlamentario ha opinado que el proyecto de Ley del Gobierno “persigue abiertamente acabar con el pluralismo educativo y la libertad de pensamiento y de opinión en el ámbito de la enseñanza, dejando de lado otras cuestiones esenciales como garantizar la enseñanza en español en toda España, o la protección de la llamada educación especial”.

Por último, ha defendido “la libertad de enseñanza”, lo que es, a su juicio, “el derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que desean para sus hijos; el derecho a crear instituciones educativas y el derecho de quienes llevan a cabo la función de enseñar a desarrollarla con libertad”.