Sociedad

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia tendrá una mujer entre sus miembros por primera vez en 25 años

Blanca Soro Mateo es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Murcia, de la que es profesora titular de Derecho Administrativo, además de Máster en Política y Gestión Medioambiental por la Universidad Carlos III de Madrid

La consejera portavoz del gobierno de Murcia Valle Miguélez
La consejera portavoz del gobierno de Murcia Valle MiguélezMarcial GuillénAgencia EFE

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia tendrá, por primera vez en sus 25 años de historia, una mujer entre sus miembros, la doctora en derecho Blanca Soro Mateo, que ha sido designada por el Consejo de Gobierno, junto con el jurista Salvador Pérez Alcaraz, para renovar a los representantes de ese organismo.

Según ha detallado la portavoz del Ejecutivo, Valle Miguélez, en la rueda de prensa posterior a la reunión, están aún pendientes de designar otros tres representantes del Consejo Jurídico, que deberán ser propuestos por la Asamblea Regional.

Todos ellos ocuparán sus cargos durante un periodo de seis años y podrán ser reelegidos, y los dos candidatos propuestos por el Gobierno autonómico, ha defendido, cumplen con los requisitos de ser juristas de reconocido prestigio con más de diez años de dedicación profesional.

Así, Soro Mateo es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Murcia, de la que es profesora titular de Derecho Administrativo, además de Máster en Política y Gestión Medioambiental por la Universidad Carlos III de Madrid.

Por su parte, Pérez Alcaraz es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y Graduado Social, con una amplia carrera como profesor e investigador en esa institución docente.

En otro orden de cosas, Miguélez ha informado hoy al Consejo de Gobierno, como consejera de Empresa, del conjunto de ayudas destinadas a potenciar la competitividad del tejido empresarial de la región activadas por el Instituto de Fomento (INFO) en el inicio de este ejercicio, y que suman casi 38 millones de euros en distintas líneas de subvenciones.

Así, se ha abierto a comienzos de este año una convocatoria dotada con casi 18 millones de euros centrada en programas de ayuda para reforzar la sostenibilidad y la eficiencia energética de las empresas, así como la creación de empleo, mientras que en las próximas semanas se lanzará una segunda convocatoria dotada con 20 millones de euros para potenciar la I+D y la internacionalización.

De la primera de las líneas, en torno a los 10 millones de euros corresponden al programa de eficiencia energética para pymes y grandes empresas del sector industrial, que tiene como objetivo actuaciones que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final.

Otro bloque de estas ayudas ya publicadas está dirigido a microempresas, firmas de economía social y autónomos para la creación y mantenimiento de empleo, para lo que se destinarán más de siete millones de euros.

Por último, los polígonos y parques empresariales optarán a ayudas por un importe global de medio millón de euros para actuaciones de rehabilitación de sus instalaciones.

En cuanto a las convocatorias que se harán públicas en las próximas semanas, las ayudas para I+D ascenderán a 6 millones de euros, otros 10 millones serán para potenciar inversiones productivas, y 3,5 millones más para apoyo al comercio exterior.

En materia de sanidad, se han aprobado inversiones por un valor global de 23 millones de euros, de los que casi 17 millones estarán destinados a la compra de una quincena de medicamentos exclusivos para el tratamiento de distintos tipos de cáncer y de infecciones víricas, bacterianas y fúngicas.

Además, se destinarán casi 2 millones de euros a la compra de material de ortopedia y fisioterapia para los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS), y otros 1,2 millones para adquirir mascarillas de tipo FFP2 y FFP3 para esos centros.

Asimismo, el contrato de esterilización del hospital Santa Lucía de Cartagena tendrá un coste de 1,6 millones de euros para un periodo de dos años prorrogable a otros tres años más, mientras que el servicio de bioseguridad de los sistemas de agua y aire de los centros sanitarios del área de Lorca supondrá un gasto de más de 1,3 millones de euros.