La presidenta del Puerto de Cartagena encarga una auditoría interna sobre la contratación de personal tras la querella de la Fiscalía

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, ha comparecido este lunes ante los medios tras la celebración del consejo de administración del organismo portuario, para dar explicaciones ante la querella contra ella de la Fiscalía Anticorrupción por presunto amaño de contratos públicos para favorecer a una serie de empresas y la adjudicación de empleos entre los años 2015 y 2021. Así, ha anunciado que con el objetivo de “colaborar con la justicia y con la investigación” se va a encargar a la intervención general del Estado la puesta en marcha de una auditoría interna sobre la contratación. Muñoz se ha mostrado segura de que todos los contratos realizados durante su mandato “se ajustan a la legalidad”, y ha recordado que están supervisados por la Abogacía del Estado.

Muñoz, que ha anunciado que seguirá al frente del cargo, también ha detallado que se pedirá otra auditoría externa que estará a cargo de un experto a través de una “entidad solvente”, con el objetivo de que se haga un diagnóstico sobre la situación de personal “y emita un informe que diga si la toma de decisiones ha sido conforme a derecho”.

La presidenta del Puerto de Cartagena cree que la auditoría externa será más rápida, pues podría tener sus resultados en 2 o 3 meses, por lo que se ganará en “claridad y celeridad”, y ha incidido en que los resultados de la misma no solo se trasladarán al consejo de administración, sino también al propio juzgado.

Ha reiterado que, a día de hoy, no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la Fiscalía, por lo que declinó pronunciarse sobre el tema, pues la información que tiene, según ha dicho, es la que aparece en los medios de comunicación. En este sentido, ha asegurado que cuando se pueda explicar, “se aclarará todo”, y ha recalcado que ella es la “principal interesada” en poder aclarar las cosas y “poner negro sobre blanco, despejando todo tipo de dudas”, frente a los que “quieren hacer daño para sacar rédito electoral”.

"Quiero dejar claro de forma contundente y firme que todo se va a aclarar y se va a arrojar luz sobre lo ocurrido", ha aseverado.

Preguntada sobre si había hablado con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha señalado que le ha transmitido “la máxima transparencia, colaboración y agilidad en que todo quede aclarado”, y ha reconocido que no sabe qué recoge el Código Ético del Partido Popular sobre posibles casos de corrupción investigados por la Fiscalía, aunque, en cualquier caso, ha insistido en que no ha sido citada a declarar, por lo que “cuando se me dé la oportunidad de ir al juzgado podré explicarme”.

En lo personal, Muñoz ha dicho sentirse “dolida”, pero “más dolida todavía” por las consecuencias que podría tener este asunto en el Puerto de Cartagena, “que es el motor de la Región y que está en un momento de crecimiento y desarrollo imparable”, ha afirmado.

Finalmente, ha reprochado la "estrategia" del comité de empresa por "aparecer en la Fiscalía con supuestas ilegalidades", en lugar de ir al juzgado de lo social o al contencioso-administrativo.

El PP recuerda que Vélez está imputado

Por otra parte, desde las filas populares, el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del partido, Joaquín Segado, ha recordado que la investigación abierta contra la Autoridad Portuaria de Cartagena está todavía en una fase de denuncia en la que no hay una resolución judicial sobre su presidenta, por lo que ha lamentado que el PSOE pida responsabilidades cuando ni siquiera se ha determinado si se admite la denuncia de la fiscalía.

Ha insistido en que no hay ninguna notificación oficial de los juzgados y todas las informaciones sobre la denuncia de la fiscalía por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos las han recibido a través de los medios de comunicación.

En ese sentido, ha indicado que le llama la atención que el PSOE esté pidiendo responsabilidades a Muñoz por este caso en el que ni siquiera está todavía imputada, y no haga lo mismo con su secretario general y delegado del Gobierno central, José Vélez, que sí está investigado formalmente por la justicia por un caso de presunta malversación y prevaricación de su época como alcalde de Calasparra.

No hay, ha insistido, en el caso del puerto, ninguna resolución judicial, solo una denuncia de la Fiscalía, y se ha remitido a la comparecencia que esta misma mañana ha hecho la presidenta de la APC para hablar del caso.