El peligroso anti-alarmismo en la polémica de las pensiones

Las pensiones públicas españolas están en peligro. No porque lo diga ningún agorero catastrofista enemigo del Estado social, sino porque actualmente el sistema carga con un déficit de 20.000 millones de euros y, sobre todo, porque el propio Gobierno de España, en las estimaciones que periódicamente remite a Bruselas, pronostica unos muy sustanciales recortes de estas prestaciones a lo largo de los próximos años. Las pensiones son cada vez menos sostenibles desde un punto de vista financiero y por eso arrecian los tijeretazos.

Así las cosas, todo trabajador español que cuente con entre 30 y 40 años debería comenzar a ahorrar para su jubilación sin mayor dilación: quienes confíen en disfrutar de un retiro «digno» sólo a través de la Seguridad Social verán gravemente frustradas las expectativas de su calidad de vida futura. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, afirmó esta semana, en una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso que no deberíamos inquietarnos en exceso por semejante negro porvenir.

De acuerdo con Escrivá, los principales temores con respecto a las pensiones públicas proceden de unas previsiones –basadas en las series demográficas del INE– según las cuales en el año 2050 contaremos con alrededor de 18 millones de trabajadores (un millón menos que en la actualidad) para soportar a más de 15 millones de pensionistas (unos seis millones más que en la actualidad). Menos cotizantes y más dependientes inevitablemente supondrían o una mayor carga para los cotizantes o unos ingresos sustancialmente menores para los dependientes (y, en el caso concreto de España, todo apuntaría hacia la segunda opción, dado que los gravámenes sociales ya se ubican entre los más elevados de Europa).

Ahora bien, Escrivá rechaza preocuparse en exceso por estas previsiones alarmistas, dado que existen tres vías para incrementar la población trabajadora: primero, fomentar la incorporación de la mujer al mercado laboral; segundo, incentivar la natalidad; y tercero, abrir nuestro país a los flujos migratorios. Pero ninguna de estas tres recetas va a representar una solución real a nuestros problemas demográficos a medio plazo. Primero, porque las estimaciones de que en el año 2050 contaremos con 18 millones de trabajadores ya presuponen una alta participación de la mujer en el mercado laboral; segundo, porque ya es tarde para solventar el agujero demográfico con natalidad (los trabajadores en activo en 2050 ya tienen que haber nacido en su mayor parte); y tercero, porque desgraciadamente es improbable que la población española acepte un flujo migratorio tan elevado como el que necesitaríamos para rescatar a la Seguridad Social de la bancarrota.

Por todo ello, es harto dudoso que el optimismo demográfico de José Luis Escrivá termine materializándose del modo en el que él confía. O dicho de otra manera, por muy incierto que siempre pueda resultarnos el futuro, el escenario más verosímil a día de hoy es el de una insuficiencia demográfica que nos lleve a un recorte apreciable de las pensiones públicas. Y siendo así, ¿acaso no debemos alertar a la población española de aquello que muy probablemente está por llegar para que así pueda reaccionar a tiempo complementando su decreciente pensión pública con un fondo de ahorro personal?

En materia de pensiones, la ingenua falta de alarmismo de algunos puede ser mucho más irresponsable que el justificado alarmismo de otros.

Captura del regulador

En los próximos días se prevé que el Tribunal Supremo emita una sentencia que tumbe el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres con el que el PP impuso en 2015 una serie de limitaciones a la concesión de licencias VTC. De ser así, el sector experimentaría una notable liberalización que beneficiaría a los consumidores, que podrían escoger entre una oferta de servicios de transporte de viajeros mucho más amplia. Sin embargo, este pasado viernes, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley por el cual ha blindado legalmente las restricciones, de modo que la venidera sentencia del Supremo ya no tendrá ningún efecto. Un ejemplo claro de cómo el regulador (en este caso el Gobierno) puede ser capturado por los lobbies (en este caso, el sector del taxi) en perjuicio del conjunto de la población.

El riesgo de la deuda global

La crisis económica mundial iniciada en 2007 se debió a una sobreacumulación de mala deuda. Hoy, una década después, el mundo no está menos sino más endeudado. En concreto, la deuda global se ubica en el 225% del PIB mundial frente al 213% de hace diez años, según alertó el Fondo Monetario Internacional. La mayor parte de este incremento de los pasivos es responsabilidad de China (el 43% de todo el aumento), pero los países desarrollados también tienen buena parte de la culpa debido a la abusiva emisión de deuda pública. En conjunto, debemos mantenernos alerta: que haya más deuda que en 2007 no significa necesariamente que sea peor deuda. Pero, desde luego, este volumen históricamente elevado no es una señal nada positiva.

Los valores del capitalismo

El pasado jueves, el Instituto Juan de Mariana organizó en la Fundación Rafael del Pino el «Free Market Road Show», un evento donde se debate sobre cuestiones de relevancia para las libertades de los ciudadanos. Este año, la discusión se centró en los valores subyacentes a una sociedad de individuos libres, esto es, ¿qué valores morales deben rodear el capitalismo para que éste funcione? La conclusión fue que las economías de mercado han de adaptar las siete virtudes tradicionales (justicia, prudencia, templanza, fortaleza, fe, esperanza y caridad) a la era comercial. Justicia para respetar los derechos ajenos; prudencia para comerciar con racionalidad; templanza para ahorrar a largo plazo; fortaleza para resistir el fracaso económico; fe en los usos comerciales dentro de los que uno desarrolla su actividad; esperanza en un futuro exitoso; y caridad hacia trabajadores, consumidores, proveedores o socios capitalistas. El capitalismo sin comportamientos virtuosos entre sus ciudadanos no funciona adecuadamente.