Finlandia dice «no» a la renta básica

Hace año y medio, a comienzos de 2017, el gobierno de Finlandia puso en marcha un programa piloto de renta básica universal: 2.000 ciudadanos iban a recibir mensualmente unos ingresos públicos de 560 euros mensuales con independencia de su situación económica o social. Y es que eso es justamente la renta básica: un subsidio universal e incondicional (lo recibe todo el mundo, con independencia de que lo necesite o no lo necesite). El motivo que condujo al gobierno finés a aprobar originalmente este programa piloto era el de analizar a pequeña escala los efectos que tendría su implantación sobre el conjunto del país: a la postre, son cada vez más los pensadores que propugnan la conveniencia de instituir este programa de redistribución masiva de la renta. ¿Y qué lugar más propicio para estudiar sus consecuencias que en una avanzada y civilizada socialdemocracia nórdica?

En su momento, algunos ya expresamos nuestras reservas, no ya acerca de la legitimidad moral de la medida, sino de la utilidad real del experimento. No en vano, las conclusiones que puedan extraerse del comportamiento de 2.000 receptores de renta básica no resultan en absoluto extrapolables al conjunto de la población: en esencia, por dos razones. Primero, porque no cabe estimar la reacción de aquellos contribuyentes a los que les tocaría financiar la renta básica: abonar 560 euros mensuales a sólo 2.000 ciudadanos tiene un coste presupuestario modesto, pero abonársela a 5,5 millones de fineses supondría un incremento muy notable de la tributación, lo que a su vez podría generar una reacción defensiva (emigración, fuga de capitales o reducción de horas de trabajo) entre los contribuyentes con ingresos medio-altos que elevará aún más el coste de lo inicialmente estimado.

Segundo, porque los perceptores de la renta básica dentro de este programa piloto eran conscientes de la naturaleza esencialmente experimental del mismo: es decir, eran conscientes de que no cobrarían perpetuamente el subsidio estatal y de que, en consecuencia, no debían tomar decisiones vitales sobre esa base. O dicho con otras palabras: el experimento ni nos ayudaba a saber si la renta básica era financiable ni, tampoco, si los beneficiarios de la misma adoptarían comportamientos socialmente disfuncionales (por ejemplo, dejar absolutamente de trabajar). Pues bien, este miércoles el gobierno finés anunció que no renovaría a finales de este ejercicio su programa piloto de renta básica y que, por el contrario, exploraría otras fórmulas de transferencias sociales (que no sean incondicionales, como sucede con la renta básica, sino sujetas a exigencias para continuar cobrándolas).

Las razones de fondo no han trascendido (se expondrán a lo largo de 2019), pero todo apunta a que los resultados del experimento han resultado incluso peores de lo esperado. Sin embargo, y más allá de lo que terminemos conociendo, el principal argumento en contra de la renta básica sigue siendo esencialmente moral: un derecho incondicional a recibir un subsidio estatal equivale a una obligación incondicional del contribuyente a proporcionarle ingresos al Estado. Es decir, equivale al esclavismo. Y el esclavismo, como la renta básica, es inmoral. En España y en Finlandia.