El PSOE, con los okupas y contra la propiedad

Una de las políticas de vivienda estrella que suele promocionar la izquierda es el impuesto a los pisos vacíos: castigar a los ahorradores que han adquirido una vivienda con un tributo periódico a menos que la saquen en alquiler. Un chantaje, perpetrado desde las administraciones públicas, para supuestamente fomentar un incremento de la oferta habitacional en nuestro país. Al respecto, estaría bien que los gobernantes de izquierdas se preguntaran en alguna ocasión cuáles pueden ser los motivos que inducen a tantos propietarios de inmuebles a mantenerlos desocupados. A la postre, no poner en arrendamiento un inmueble vacío supone perder una jugosa renta que podrían estar percibiéndose en caso contrario.

Si los partidarios de los impuestos a los pisos vacíos se plantearan semejante cuestión tal vez llegarían a la conclusión de que uno de los principales motivos para dejar un inmueble en barbecho es la inseguridad jurídica a la que se enfrenta el propietario. Arrendar una vivienda en España supone exponerse al riesgo de impagos, destrozos y okupaciones sin disponer de una alternativa judicial rápida y eficaz para restituir la posesión del inmueble. Precisamente por ello, muchos propietarios suelen reclamar elevadas garantías (en forma de fianzas y avales) a los potenciales inquilinos con el objetivo de cubrirse parcialmente frente a tales riesgos. O dicho de otra manera, la inseguridad jurídica de los propietarios se traduce en menor oferta de alquileres y, por tanto, en un precio más elevado de los mismos. ¿Cómo conseguir revertir al menos una parte de este proceso?

Pues reforzando la seguridad jurídica de los propietarios con, por ejemplo, medidas que faciliten el desalojo exprés de los impagadores u okupas. Justamente, esto es lo que se pretende con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por la Comisión del Congreso y que nace con el propósito explícito de «acabar con las ocupaciones ilegales de pisos y terminar con las mafias». En particular, la reforma aspira a desalojar a los okupas en un plazo máximo de 20 días, restituyendo así a los propietarios de la posesión de la vivienda. La propuesta ha contado con el apoyo del PDeCAT (el partido que la impulsó originalmente), PP, Ciudadanos y PNV. Se han opuesto ERC, Podemos y PSOE. En este caso, bien podría decirse que las enemistades de la reforma son más reveladoras que sus amistades. A la postre, se trata de una mutación normativa tan de sentido común que el voto negativo de algunas formaciones políticas sólo puede indicar un visceral rechazo al concepto mismo de propiedad privada. Y eso es precisamente lo preocupante, que Podemos, un partido que trata de conectar con el electorado de extrema izquierda, se oponga a una reforma garantista con el derecho a la propiedad privada es algo, hasta cierto punto, esperable. Que, en cambio, lo haga el PSOE –natural alternativa de gobierno desde la izquierda– es algo mucho más inquietante, que ilustra hasta qué punto el radicalismo de Podemos ha terminado contaminando y envenenando el resto de la política nacional.