Escolano acierta al olvidar los eurobonos

Después de que lo peor de la crisis económica haya pasado, y después de que la Unión Europa adoptara medidas extraordinarias en lo más hondo de la depresión (mecanismo de rescate europeo, unión bancaria, flexibilización cuantitativa, etc.), el Viejo Continente se halla ahora mismo debatiendo sobre su futuro. Al respecto, existen dos posturas bastante bien definidas: la de Macron, que apuesta por una mayor integración económica, creando paso a paso un megaEstado europeo con un Tesoro común; y la de Merkel, que prefiere no desviarse demasiado del statu quo actual.

Hace unos meses, el Gobierno de Mariano Rajoy parecía abocarnos a una alianza con la cruzada parisina por una UE más gigantesca. A la postre, el líder del Ejecutivo español había anunciado que nuestro país defendería una mayor integración fiscal, la institucionalización de la figura de un superministro de Economía y la emisión de Eurobonos. Esta semana, el Ministerio de Economía de Román Escolano presentaba un documento titulado «Posición española sobre el fortalecimiento de la UEM», donde tan solo se reclama profundizar en la unión bancaria, dejando olvidadas otras reivindicaciones más peligrosas como los Eurobonos, el seguro de paro común y el superministro de Economía. Es decir, Madrid vuelve a alinearse en buena parte del documento con Berlín en contra de las pretensiones de París.

Muchos medios se han lanzado al cuello de Escolano por falta de ambición europeista. A su juicio, España debería haberse encamado con Francia sin ningún tipo de remilgos para avanzar hacia la construcción de la Gran Europa. Sin embargo, semejantes críticas exhiben un tan marcado como injustificado sesgo pro Unión Europa: ¿por qué hemos de presuponer que una mayor integración macroestatal a escala continental es preferible a una menor integración? Sin ir demasiado lejos, hace dos años, los británicos apostaron por desvincularse del todo de la UE y, desde luego, los resultados finales del Brexit aún son inciertos –dependerán de las políticas que se apliquen durante y después de la salida–, pero, en todo caso, la desvinculación británica de la eurocracia constituye un camino alternativo que es, al menos, tan válido y legítimo como el de una mayor integración.

En el caso particular de instrumentos fiscales como los Eurobonos, su implementación sería un auténtico salto al vacío. Si los Eurobonos no van de la mano de un mayor control de las finanzas nacionales por parte de la Comisión Europea, serían un llamamiento inequívoco a la irresponsabilidad presupuestaria: los distintos gobiernos europeos podrían endeudarse a manos llenas con cargo al crédito de aquellos Estados más solventes, algo que rápidamente degeneraría en que todos fueran volviéndose progresivamente menos solventes. Si, en cambio, los Eurobonos van de la mano de un mayor control de las finanzas nacionales por parte de la Comisión Europea, deberíamos preventivamente plantearnos si la ciudadanía española está ya preparada para que, por ejemplo, desde Bruselas se imponga un recorte del 10% a las pensiones de todos los jubilados nacionales. En caso contrario, el establecimiento de control financiero permanente sólo alimentaría un mayor antieuropeismo como el experimentado e la crisis.

Hoy, los Eurobonos –y, en general, una mayor integración económica y fiscal de las administraciones públicas europeas– deberían ser vistos como una mala idea incluso para los partidarios de avanzar hacia ellos en el muy largo plazo: simplemente, la sociedad española no está madura. Para quienes somos partidarios de una mayor diversidad y competencia jurisdiccional, será un error siempre. En cualquiera de ambos casos, Escolano hace bien en no ceder al aventurismo desnortado del macronismo europeista.