Subida de impuestos y reforma laboral

Si finalmente la moción de censura termina saliendo adelante y el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, se convierte en nuevo presidente del Gobierno, ¿cuáles serían las políticas que previsiblemente aplicaría? Pues, por desgracia para nuestra prosperidad, todo apunta a que los ejes de su programa económico serían subidas de impuestos y fuertes reversiones de cualquier conato de liberalización regulatoria aplicado hasta la fecha (especialmente en materia laboral).

Primero, el objetivo a largo plazo de Sánchez –confesado por sí mismo en numerosas ocasiones– es elevar la presión fiscal en España desde el actual 38% del PIB hasta el 42% para así poder seguir expandiendo el gasto público. ¿Cuánto supone esto en euros contantes y sonantes? Alrededor de 45.000 millones de euro por año: una media de 2.500 euros adicionales por familia.

Como es obvio, el PSOE no pretende imponer de inmediato un rejonazo tributario de semejante calibre, pero sí tiene la intención de ir aplicándolo de manera progresiva. A muy corto plazo, empero, los socialistas sí han adelantado su intención de extraer 6.000 millones de euros de los ciudadanos a través de subidas fiscales dirigidas contra las «rentas salariales altas» (esto es, contra los trabajadores más cualificados), contra las rentas del capital (esto es, contra los ahorradores) y contra las rentas empresariales (esto es, contra los emprendedores). Debería ser innecesario señalar que penalizar el empleo cualificado, el ahorro y el emprendimiento equivale a penalizar el crecimiento económico a largo plazo dentro de una sociedad: a saber, desincentivar el conocimiento, la frugalidad y la inversión. Todo ello, claro, con el propósito fundamental de sufragar un Estado tentacular y clientelar que genere ciudadanos dependientes de las dádivas políticas.

Segundo, Sánchez también ha expresado en numerosas ocasiones su deseo de derogar la reforma laboral aprobada por el PP. Es verdad que esta normativa no constituye el marco de relaciones laborales óptimo que verdaderamente necesitaría nuestra economía para, por un lado, rebajar de un modo muy sustancial nuestra tasa de desempleo estructural y, por otro, recortar de una forma igualmente intensa nuestra tasa de temporalidad. Sin embargo, esta ley es una mala ley por no haber ahondado suficientemente en los dos ejes que justamente pretendió reformar: primero, por no haber rebajado todavía más el coste de la indemnización indefinida (consolidando, de ese modo, una extrema dualidad laboral); segundo, por no haber dotado de mayor flexibilidad a la negociación empresario-trabajador al margen de la apisonadora sindical y patronal que supone la negociación colectiva.

Y, por desgracia, las dos razones por las que Sánchez quiere liquidar la reforma laboral son precisamente aquellas que han supuesto un avance con respecto a la regulación previa: a saber, para encarecer el coste de rescisión de los contratos indefinidos y para volver a centralizar las relaciones laborales en la figura de los convenios colectivos sindicalizados. Si ello sucede, no avanzaremos hacia más empleo de mayor calidad –tal como preconizan los enemigos de la reforma laboral del PP– sino hacia todo lo contrario: menos empleo y de peor calidad. A la postre, recordemos que la tasa de paro media entre 1980 y 2011 (esto es, durante las tres décadas anteriores a la reforma laboral) fue del 18%; a su vez, la tasa de temporalidad durante ese mismo período, para una tasa de paro comparable a la actual, fue de entre cinco y siete puntos superior a la presente.

En definitiva, la política económica que promete ejecutar Pedro Sánchez es la opuesta a aquella que necesita España para consolidar su recuperación: más impuestos y menos liberalizaciones. Añadan a todo lo anterior que su Ejecutivo se hallará fuertemente tutelado por la extrema izquierda de Podemos –que, como es obvio, todavía radicalizará más su agenda para rebasar al PSOE por la siniestra en demagogia populista–, y nos encontraremos con un cóctel altísimamente problemático dentro de un contexto internacional –guerras comerciales y amenazas de ruptura del euro– que en sí mismo ya es para inquietarse.