Persecución fiscal de los autónomos

Los autónomos disfrutan de un derecho del que carecen –y ojalá disfrutaran– el resto de trabajadores: determinar el importe de su base de cotización a la Seguridad Social. Como es sabido, los empleados por cuenta ajena están obligados a cotizar a este sistema de previsión social de acuerdo con su salario: cerca del 38% de su remuneración bruta es sustraída coactivamente para financiar el sistema público de pensiones y otros programas estatales (como la prestación de desempleo), aun cuando puedan resultar fallidos en el futuro (como sucede con los continuos recortes en las pensiones públicas). No así los autónomos, quienes afortunadamente pueden escoger la suma por la que desean cotizar, aunque con dos limitaciones: la base mínima y la base máxima. Aquellos (escasos) trabajadores por cuenta propia que aceptan cotizar por la base máxima (3.803,77 euros mensuales) lo hacen bajo la expectativa de que recibirán elevadas remuneraciones públicas una vez se jubilen.

Pero, dada la insostenibilidad financiera de la Seguridad Social, son muchos los autónomos (cerca del 80%) que optan por cotizar según la base mínima, esto es, por 932,7 euros mensuales, lo que les supone pagar una cuota de 279 euros mensuales. La cifra ya resulta elevada, puesto que el autónomo también ha de soportar subsiguientemente el pago del IRPF y de los impuestos indirectos sobre su consumo. Pero, todavía peor que la cifra es su evolución en los últimos años: en 2012, la base mínima de cotización ascendía a 850,2 euros mensuales, de modo que la cuota de autónomo equivalía a 254 euros al mes. En seis años, pues, el pago mínimo mensual a la Seguridad Social de un trabajador por cuenta propia se ha incrementado en 29 euros, esto es, 350 euros al año. El tijeretazo a los ingresos de los autónomos parece haberse acelerado en el último ejercicio: en julio de 2017, la cuota creció de 267 a 275 euros, y ahora, con los nuevos presupuestos, de 275 a 279.

En otras palabras, en menos de un año, el coste mínimo de ser autónomo en España se ha incrementado en 144 euros anuales, lo que para profesionales con ingresos moderados supone un brutal e injustificado rejonazo. ¿A qué se debe esta rápida subida? Primero, el gigantesco agujero financiero de la Seguridad Social incentiva a los políticos a buscar nuevas fuentes de ingresos que parasitar. Segundo, la relativa bonanza del mercado laboral lleva a los políticos a desdeñar la figura del autónomo: a la postre, durante los años más duros de la crisis, convertirse en autónomo constituyó una válvula de escape para compensar parte de la destrucción generalizada de empleo y, por ello, se evitó cargar sobremanera las tintas sobre ellos; ahora, los gobernantes no sienten tal necesidad. Por desgracia, todo parece apuntar a que el expolio contra este colectivo no hará más que acelerarse en el futuro.